La supresión de los partidos judiciales alarma a abogados y a los municipios

Los antiguos juzgados de Coín, en el malagueño valle del Guadalhorce, se pusieron en funcionamiento el día de los Inocentes de 1989. La sede judicial se instaló provisionalmente en una planta baja en un polígono industrial a la entrada del municipio. La crisis de principios de los noventa convirtió lo provisional en perdurable. A medida que los asuntos se apilaban en las mesas de unos jueces que, recién salidos de la Escuela Judicial, solicitaban el cambio de destino a la primera oportunidad, las dependencias se iban quedando pequeñas y obsoletas. Los archivos se apilaban en los pasillos y el público en general se mezclaba con funcionarios, abogados, jueces y fiscales en unas oficinas oscuras y apretadas.

La situación de penuria duró casi veinte años. En 2008 se inauguró la nueva sede judicial de Coín: un edificio con la firma de Juan Pedro Donaire, pequeño pero sumamente funcional. Dos salas de vistas, clínica forense, calabozos, archivo, sala de reprografía, servicios comunes de comunicación… Las dos plantas del inmueble permitieron ampliar de dos a tres el número de juzgados de primera instancia e instrucción en ese partido judicial, del que dependen 52.806 personas de los municipios de Coín, Alhaurín el Grande, Guaro, Monda y Tolox.

Apenas cuatro años después de inaugurarse, los nuevos juzgados de Coín, que supusieron una inversión de la Consejería de Justicia de 2,92 millones de euros, corren serio riesgo de quedarse sin uso. El Gobierno, en su lucha por abaratar costes y hacer más eficiente la administración de Justicia, tiene previsto reducir los 431 partidos judiciales de toda España a una cifra de entre 190 y 200 demarcaciones. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya ha emitido una propuesta inicial para reordenar la planta de juzgados y tribunales.

La actual ley de Demarcación y Planta judicial, de 1988, fija que el partido judicial debe contar con una población mínima de 50.000 habitantes y que estos se encuentren a 15 kilómetros de los juzgados. El CGPJ plantea que las nuevas circunscripciones acojan a un mínimo de 100.000 personas y que el desplazamiento desde los núcleos de población hasta la cabecera de partido se amplíe a una hora “a través de las vías de comunicación existentes”. La aplicación estricta de este criterio supone que los 85 partidos judiciales con que cuenta Andalucía actualmente se reducirán a un máximo de 30.

Esta medida es cara para el sistema y discriminatoria para los habitantes de los pueblos Isabel Urbaneja, concejal de Coín

En el caso concreto de Coín, este partido se fusionaría con el de Fuengirola, que atiende a 148.145 habitantes de este municipio costero y del vecino Mijas. En Fuengirola, los nueve juzgados están dispersos en tres edificios que padecen la misma falta de espacio y funcionalidad que la antigua sede coineña. “La noticia es hasta surrealista”, afirma Isabel Urbaneja (PP), segunda teniente de alcalde de Coín y abogada ejerciente.

Numerosas localidades andaluzas, muchas de las cuales han inaugurado o reformado sus sedes judiciales en los últimos años, se arriesgan a quedarse sin jueces. “Creo que el Consejo no ha valorado bien las consecuencias de la propuesta. Es una incongruencia alejar la justicia del justiciable si se quiere tener una justicia más racional, y hoy por hoy la justicia no se acerca por medios telemáticos, y menos a las poblaciones rurales”, sostiene la concejal Urbeneja. “Esta medida va a obligar a una inversión descomunal en edificios de las ciudades donde se establezca la cabecera y a aumentar las dietas por desplazamiento de forenses, policías y guardias civiles. Es caro para el sistema y discriminatorio para los habitantes de los pueblos”, opina la edil de Coín, que resume el sentir de los políticos de las poblaciones que se exponen a perder los juzgados.

El CGPJ ha venido planteando la revisión de las demarcaciones desde 1996. El órgano de gobierno de los jueces recuerda que el partido judicial respondía a un “contexto histórico caracterizado por grandes deficiencias en las infraestructuras y por las consiguientes dificultades de desplazamiento”, aunque deja la elección de las cabeceras de partido a las comunidades autónomas. En su propuesta, que deberán analizar los distintos tribunales superiores autonómicos, el CGPJ plantea, aunque de forma poco detallada, que la fusión de demarcaciones judiciales deberá venir acompañada de otras reformas como la implantación de la nueva oficina judicial.

La propuesta ha puesto también en guardia a los letrados. El decano del colegio de abogados de Malaga, Manuel Camas, considera que “antes de determinar la extensión de los partidos judiciales habría que poner sobre la mesa hacia qué modelo vamos, no determinar el tamaño sin saber de qué se trata”. Según el representante de los letrados, una reforma profunda de la administración de justicia es deseable, “pero se ha empezado por un concepto que genera una preocupación innecesaria”. “Si de lo que se trata es de mover los juzgados de sitio, el plan es ridículo y, lejos de abaratar, genera más costes”, opina Camas. “Si testigos, peritos, partes y profesionales se tienen que desplazar mas lejos, los ciudadanos sienten que se desplaza la propia Justicia”, añade.

Se ha empezado por un concepto que genera una preocupación innecesaria Manuel Camas, decano del Colegio de Abogados de Málaga

Por su parte, el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, sostiene que “la nueva distribución de partidos judiciales por sí misma no va a resolver mucho”. Para el máximo representante del ministerio público en la comunidad, “la clave siempre será la descarga del volumen de asuntos que asumen los juzgados de instrucción, que es completamente absurda. Ahora tenemos un millón de diligencias previas”. García Calderón insiste en la necesidad de despenalizar las faltas y potenciar la vía administrativa y los juzgados de paz para asuntos penales menos graves.