Andalucía ultima la decisión sobre el recurso contra los recortes sanitarios

Los servicios jurídicos de la Junta están ultimando los informes para decidir si se recurre o no ante el Tribunal Constitucional el real decreto ley que recoge los recortes en sanidad aprobados por el Gobierno central. La decisión definitiva se adoptará a partir de la semana que viene, cuando ya haya tomado posesión el nuevo gobierno autónomo. La consejera en funciones, María Jesús Montero, insistió este viernes en que, por ahora, la intención es presentar el recurso, como ya ha anunciado que hará el lehendakari, Patxi López.

El argumento principal que baraja la Junta, como el Gobierno vasco, es la defensa de las competencias autonómicas, al entender que el real decreto limita la capacidad de las comunidades autónomas y supone una recentralización de las competencias en materia de sanidad. En el caso andaluz, el Estatuto de Autonomía recoge el derecho a la sanidad gratuita para todos los residentes en Andalucía por lo que no cabría aplicar las restricciones que impone el Gobierno de Mariano Rajoy para algunos colectivos, como los inmigrantes irregulares. El Estatuto de Autonomía es una ley orgánica, por lo que es una norma de rango superior al real decreto ley aprobado ahora por el Ejecutivo central.

El Gobierno vasco ha anunciado que impugnará la norma de Rajoy

“Ese es el elemento fundamental que están estudiando los servicios jurídicos para, en su caso, interponer el recurso de inconstitucionalidad por entender que afecta a una norma de rango superior como es el Estatuto de Autonomía”, señaló Montero en declaraciones a la Cadena SER.

Además, los responsables en funciones de Salud entienden también que el real decreto choca con otras leyes orgánicas (y por tanto también de rango superior) como la de Extranjería. Igualmente, creen que la norma aprobada por el Gobierno no cumple los condicionantes que la Constitución impone para aprobar un decreto ley: el primero, que exista una “extraordinaria y urgente necesidad”, algo que, en opinión de la Junta, no está claro que ocurriera ahora. Asimismo, la Carta Magna recoge que los decretos leyes “no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general”. El de los recortes de Sanidad, según los responsables en funciones de la Consejería de Salud, afecta, al menos, al derecho de los ciudadanos a recibir atención sanitaria.

El nuevo gobierno andaluz también tendrá que decidir si recurre o no el decreto ley sobre los recortes en educación, como también ya ha anunciado que hará el Gobierno vasco. Por ahora, los responsables en funciones de la Consejería no han dado pistas de qué se va a hacer.

Al margen de que el gobierno autónomo presente o no ambos recursos de inconstitucionalidad, también existe la posibilidad de que el recién constituido Parlamento de Andalucía decida plantear un recurso contra el decreto ley en las próximas semanas. Antes de que los grupos políticos tomen la decisión, los servicios jurídicos de la Cámara deben elaborar un informe sobre la conveniencia de interponer dicho recurso ante el Tribunal Constitucional.