El coste global del Auditorio de Alicante supera el doble de la adjudicación inicial

El Auditorio Provincial de Alicante, proyecto estrella del exlíder del PP de Alicante y expresidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, ha disparado su coste final a más del doble de su adjudicación inicial. Según datos estimativos facilitados ayer en el pleno de la Corporación provincial por César Augusto Asencio, vicepresidente y portavoz del Grupo Popular, el coste global de la dotación cultural rondará los 63 millones de euros. Esta cifra incluye la obra del edificio (50 millones), la urbanización (cinco millones) y los honorarios del autor del diseño, el arquitecto Juan Antonio García Solera (siete millones).

La obra fue presupuestada inicialmente en 36 millones de euros, de los cuales 18 millones los tiene que aportar la Generalitat Valenciana. Según el convenio firmado entre ambas instituciones, el Consell tiene que hacer esa aportación entre 2010 y 2015.

Ripoll adjudicó el Auditorio Provincial el 16 de febrero de 2006 por 26,9 millones a la firma OHL, es decir, con una sensible baja respecto al presupuesto inicial. La dirección de la obra fue adjudicada a Juan Antonio García Solera. Los honorarios que pactó el profesional fueron el 8% del coste final del edificio.

Fue el  proyecto estrella del exlíder del PP de Alicante y expresidente del Diputación, José Joaquín Ripoll

El 13 de diciembre de 2007 la Diputación de Alicante aprobó el primer modificado del proyecto por un valor de 3,6 millones de euros. El 5 de noviembre de 2009 se autorizó un segundo modificado por un importe de 14,7 millones, que elevaban la obra a 45 millones.

Pero el edificio, debido a un aumento del IVA (del 16 al 18%) y otros incrementos de precios, ha costado finalmente 50 millones y, por tanto, los honorarios de García Solera rondan los siete millones.

El coste global del Auditorio Provincial de Alicante se completa con las obras de urbanización del entorno donde se emplaza la dotación, en el antiguo mercadillo de Campoamor, en el ensanche de la ciudad. Esta partida, que tampoco estaba incluida en el presupuesto inicial, ha sido finalmente de cinco millones de euros.

La Diputación de Alicante tendrá que asumir el grueso del coste del proyecto, es decir, unos 40 millones de euros. Ya que a los 63 finales que ha costado, hay que restar los 18 comprometidos por la Generalitat Valenciana y otros cinco que recibirá de Hacienda como descuento de IVA, al tratarse de una fundación.

Las cifras aportadas ayer por el PP sobre el coste del auditorio motivaron la crítica del Grupo Socialista. “Está claro que el PP ha naufragado con el proyecto del auditorio y ni ellos mismos saben todavía cuánto ha costado”, aseguró el diputado y portavoz adjunto del Grupo Socialista, David Cerdán. “El único que realmente lo sabe es Ripoll”, añadió. Cerdán también cuestionó que finalmente la Generalitat pueda cumplir con la aportación comprometida para financiar las obras.

El portavoz del Grupo Popular, César Augusto Asencio, intentó justificar ayer en el pleno esta inversión y el coste final de la obra para la Diputación y se comprometió con la oposición socialista a entregar en el próximo pleno un informe detallado de las cuentas de la obra. Asencio resaltó que el presupuesto inicial era “solo el edificio, que al final ha costado lo que hay”. “Además, no es un dato misterioso, porque todos los cambios en el presupuesto de la obra se han aprobado en el pleno”, añadió.

Plan de obras

Por otra parte, el pleno de la Diputación aprobó ayer una modificación del presupuesto de este año por 3,1 millones para compensar la reducción de la inversión del Estado para los planes de obras y servicios de los municipios. La partida inicial del Estado para ese apartado se ha reducido de 1,7 millones a 400.000 euros.

El resto de la modificación presupuestaria (1,3 millones) se destinará a gastos de personal. El portavoz del PP justificó la medida porque, en su opinión, “es la solución más práctica y ágil”. Mientras, el portavoz del Grupo Socialista, Alejandro Soler, criticó la iniciativa. “El uso abusivo de las modificaciones presupuestarias devalúa la información y veracidad del presupuesto inicial”, dijo.