El juez eleva las imputaciones por la financiación ilegal del PP

El juez José Ceres, instructor de la causa de financiación ilegal del PP valenciano, ha aumentado el número de imputados con la implicación de Mónica Magariños, empleada de las empresas de la trama Gürtel, en la pieza separada que investiga el amaño en las adjudicaciones del pabellón valenciano en la feria Fitur, un negocio con el que la red corrupta obtuvo cerca de cinco millones de euros.

El magistrado toma la decisión a la vista de las conclusiones del último informe aportado al Tribunal Superior de Justicia valenciano por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. En él se indicaba que Magariño era conocedora de todos los detalles que envolvieron la primera adjudicación de Fitur que logró la trama, para la feria de 2005. Entre ellos, la recepción de información confidencial, el fraccionamiento del contrato que la trama acordó con las consejerías de Territorio y Vivienda y de Infraestructuras y Transporte para eludir los principios de publicidad y libre concurrencia, la emisión de facturas por falsos servicios, la duplicidad de facturación por un mismo producto, y la utilización de empresas pantallas para ocultar el supuesto amaño. Magariño también habría recibido gratificaciones por su trabajo de la caja B de la trama.

El instructor también ha tenido en cuenta la declaración prestada en sede judicial por la también imputada y exdirectiva de la red Isabel Jordán, que afirmó que Magariños participaba en la contabilidad de Orange Market, la sociedad con sede en Valencia que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes.

La policía destacó en su informe que Magariños firmó los contratos para el diseño, construcción, montaje y desmontaje del pabellón valenciano en Fitur en las ediciones de 2005 y 2006 con Milagrosa Martínez, que entonces era consejera de Turismo y a quien el expresidente Francisco Camps nombró posteriormente presidenta de las Cortes valencianas. A Martínez, que está imputada en la causa por los supuestos delitos de cohecho y prevaricación, los miembros de la trama solían referirse como La Perla en las conversaciones intervenidas por la policía.

El magistrado Ceres ha decidido de este modo cambiar su condición de testigo por la de imputada, y retrasar su comparecencia para declarar, prevista inicialmente el día 9 de mayo, hasta el 12 de junio.