Un conflicto político deja sin atención jurídica a 16.000 presos

La lentitud burocrática o la falta de voluntad política ha dejado a los más de 16.000 presos encarcelados en prisiones andaluzas sin la posibilidad de contar con un abogado para sus asuntos penitenciarios. El Ministerio del Interior no ha firmado la prórroga del convenio que regula el llamado Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (Soajp), que se presta en Andalucía hace aproximadamente una década. La presencia de los letrados gratuitos en las prisiones se acordó por última vez en 2008 a tres bandas entre el Consejo Andaluz de Colegio de Abogados, la Junta de Andalucía e Interior. El departamento que dirige Jorge Fernández Díaz no ha dado aún su visto bueno a la adenda para que el convenio siga vigente en 2012.

Cuestiones sobre permisos, libertad condicional, visitas, derecho administrativo, trabajo penitenciario, laboral, familia, o asuntos relativos a la Seguridad Social son temas que pueden ser objeto de consulta por parte de la población reclusa a través de este servicio, que no entra en los procedimientos penales por los que cumple condena el preso.

En 2011, según los datos facilitados por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, se prestaron 10.404 asistencias por parte de los 1.077 letrados adscritos en la comunidad a esta asesoría. Es un servicio “muy vocacional”, subraya el presidente de dicho consejo, José Rebollo, para quien la suspensión es “tan lamentable como sorprendente”.

Rebollo afirma que la iniciativa “funciona muy bien y se ha integrado perfectamente en la cultura carcelaria". Tanto es así, asegura el presidente de los abogados andaluces, que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente de Interior, ha mostrado su satisfacción en varias reuniones. La financiación del servicio corre a cargo de la Junta de Andalucía, que cuenta con el presupuesto para este año que es de 397.600 euros, menor al de 2011, cuando costó 422.800 euros.

Casi todos los colegios de abogados de Andalucía han ido suspendiendo desde mediados de abril esa asistencia hasta que se subsane la firma. Si es realmente un problema relacionado con un “trámite burocrático”, como apuntaron algunos colegios de abogados y asociaciones, o “falta de voluntad política”, como alega el secretario general de Justicia de la Junta de Andalucía, Pedro Izquierdo, es lo que está por ver. La administración regional alega que en diciembre envió la adenda al Ministerio del Interior tras el cambio de Gobierno para prorrogar el convenio y aún no hay respuesta. El retraso se justifica, según dice, en que faltan varios informes preceptivos, entre ellos uno del Ministerio de Hacienda, que la Junta teme que sea “negativo

Las críticas no han tardado en llegar. El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, ha urgido al Ministerio del Interior y al de Justicia que restablezcan el servicio puesto que su suspensión supone un "restricción" de los derechos más allá del de la libertad, del que han sido privados.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias culpan a la Junta del hecho de que el convenio no se haya renovado. “Remitieron el texto en noviembre, casi acabado el año y al ministro saliente”, afirman en Interior. El departamento encargado de las prisiones añade que los presos no están desamparados ya que en los centros “hay cuerpos de juristas que resuelven este tipo de consultas legales” y que el convenio permite prestar un servicio complementario.