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14 municipios de Almería se oponen al derribo de El Algarrobico

La Mancomunidad de pueblos del Levante solicita al Ministerio y a la Junta un acuerdo para concluir las obras y abrir el hotel ilegal

Una vista de El Algarrobico.
Una vista de El Algarrobico.

El hotel situado en la playa de El Algarrobico, en Carboneras (Almería) mantiene la imagen de gallina de los huevos de oro a los ojos del Ayuntamiento de esta localidad –gobernada por el grupo independiente Gicar- y a juicio de otros pueblos vecinos de la comarca. Los 14 que conforman la Mancomunidad de Municipios del Levante aprobaron hoy jueves una moción por la que solicitan a los gobiernos central y autonómico que “propugnen” un acuerdo que posibilite la conclusión del hotel que promueve la compañía Azata del Sol.

La motivación de estos municipios es estrictamente económica. Defienden que la apertura va unida a la creación de “cientos de puestos de trabajo de forma inmediata” en un sector, el turismo, que es piedra angular para la economía de importantes núcleos costeros como Mojácar, Vera, Cuevas, Garrucha, Pulpí y Carboneras. Huércal-Overa, Antas, Sorbas, Taberno, Turre, Bédar, Los Gallardos y Lubrín son el resto de componentes de la Mancomunidad. Tan solo en los tres últimos gobierna el PSOE.

La moción, presentada por el Ayuntamiento carbonero recoge el sentir de “decenas de pymes y centenares de trabajadores de la zona” que “confían ante la que está cayendo” poder superar con esta reactivación “la falta de actividad y el paro”.

Con su petición, los 14 municipios desoyen a conciencia las decenas de resoluciones judiciales contrarias a la reactivación en la construcción del hotel situado en el interior del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y cuyas obras se paralizaron en 2007 por orden de un juez de Almería tras una denuncia de varios grupos ecologistas de la provincia. La sentencia más importante la dictó el Tribunal Supremo hace dos meses. El Alto Tribunal concluía que el hotel invadía en 50 metros el límite de dominio público marítimo-terrestre establecido en 100 metros desde la costa. Lejos de acatar la resolución judicial y, como solicitan los grupos conservacionistas, proceder a la demolición de parte del inmueble de 20 plantas y más de 400 habitaciones, Junta y Ministerio se han enzarzado en una discusión sobre la validez del protocolo suscrito a finales de 2011 por el que se comprometían a derribar el hotel, limpiar y devolver la zona sobre la que se asienta a su estado original. El nuevo gobierno del PP encuentra “humo” en el documento y se atiene a un informe de la Abogacía del Estado que exime a esta administración de responsabilidad. El PSOE presentó hoy jueves 700 enmiendas a la Ley de Presupuestos Generales del Estado y entre ellas piden que se garantice este año la demolición del hotel.

La moción aprobada hoy y presentada por el Ayuntamiento de Carboneras parte “de la legalidad incuestionable del hotel”, aunque el presidente de la Mancomunidad del Levante, Domingo Fernández, asegura que se ha incluído una mención al “respeto a la legalidad vigente y a las resoluciones judiciales”.