Conmigo o contra mí

Transcurridos solo cuatro meses de una legislatura, en la que la derecha vuelve a disponer de mayoría absoluta, resulta evidente que el nuevo presidente del Gobierno aspira a concentrar todo el poder, confundiendo mayoría absoluta con poder absoluto. Este proyecto expansivo y excluyente del Gobierno es, y será en el futuro, la causa de graves tensiones y conflictos, indeseados pero inevitables si no se produce un cambio significativo en la actitud del Gobierno.

Produce rubor, cuando se cumplen 35 años de vida democrática, tener que recordar que la mayoría electoral, por muy amplia que sea, no otorga poder ilimitado, ni exime al Gobierno del cumplimiento escrupuloso de las normas, con arreglo a las cuales resultó elegido. La mayoría electoral, que legitima para gobernar, no desposee a la oposición de sus derechos de control y crítica al Gobierno, no autoriza a realizar presiones a los tribunales, para que éstos acomoden sus decisiones a las exigencias del guion político del Ejecutivo, ni puede limitar el derecho constitucional de los ciudadanos a expresar su opinión respecto a la acción del Gobierno.

Dicho en otras palabras, el Ejecutivo no puede imponer su proyecto político, por muy amplio que sea su respaldo electoral, ignorando o violentando los procedimientos, instituciones y garantías contempladas en la Constitución, que son la base de la división y equilibrio de poderes y del Estado de Derecho. Cuando el presidente del Gobierno intenta sumar al control del poder ejecutivo, que ostenta legítimamente, el del legislativo, judicial, mediático o autonómico, se distancia del proyecto constitucional, que los constituyentes diseñaron precisamente para que los centros de poder político y social estuvieran repartidos y equilibrados, estableciendo entre ellos el correspondiente y recíproco control.

Tampoco el estilo político del presidente estimula la cultura democrática. Un dirigente que desde que salió elegido escapa literalmente del control parlamentario y de la prensa; un gobernante que en solo 100 días ha incumplido todas sus promesas electorales y que tiende a sustituir el debate democrático por la deslegitimación del adversario y la descalificación política y moral del discrepante (oposición, sindicatos, medios de comunicación…), que no tiene escrúpulos, al amparo de fenómenos sociales como la inmigración, en promover emociones irracionales tendentes a desvirtuar las garantías del Estado de Derecho, o que identifica sus intereses con los de España y los contrapone a los derechos y libertades de sus ciudadanos, no representa precisamente un ejemplo de lealtad constitucional. No puede extrañar, en consecuencia, la rápida y creciente contestación social al Gobierno, con el fin de salvaguardar los derechos amenazados y restablecer el pluralismo político-social y los equilibrios democráticos y constitucionales.

Núñez Feijóo presume frecuentemente, y con razón, de que la Xunta que preside es pionera de la política que ahora desarrolla el Gobierno central. En efecto, el presidente de la Xunta dinamitó todos los consensos que habían presididos la vida política gallega en las últimas décadas (Estatuto, política lingüística…), comenzó, bajo la denominación de austeridad, los recortes sociales que ahora impulsa de forma enloquecida Rajoy, abrió el camino a la privatización de los servicios públicos básicos que constituye una de las líneas fuerza del actual Gobierno del PP, controla férreamente los medios de comunicación públicos, tal como pretende hacer Rajoy con la RTVE, y la mayoría de los privados a través de las subvenciones, y, desde luego, no tuvo ningún reparo en descalificar groseramente cualquier tipo de discrepancia con su Gobierno, procediera ésta de la oposición parlamentaria, de los sindicatos o de las instituciones sociales y culturales más prestigiosas del país, invocando la mayoría social que lo respalda. Pero Feijóo olvida que preside el Gobierno más débil de los últimos 20 años y que en las últimas elecciones obtuvo un solo diputado de diferencia con la oposición y 5.000 votos menos que ésta, lo que, sin duda, le legitima para gobernar pero de ninguna manera para erigirse en el único representante de la sociedad, negando a los demás toda representatividad.

Conmigo o contra mí. Este es el inquietante mensaje que emiten tanto Rajoy como Feijóo. Dudo que la democracia española pueda tolerar mucho tiempo a personajes que quieren arrebatarle sus derechos a los ciudadanos y que basan la acción política en tan grosero y tosco principio. Sobre todo si la oposición asume por fin su responsabilidad.