24.000 interinos de la sanidad serán privatizados, según los socialistas

“Todo son especulaciones”, advirtió este lunes Rafael Rubio, portavoz adjunto del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas, en referencia al nuevo modelo de privatización de la sanidad valenciana que ha acordado implantar el Consell. Pero sí señaló que hay una maniobra que va más allá de la entrega a la iniciativa privada de la gestión de la vertiente no asistencial con finalidades de ahorro, especialmente, en lo que se refiere al personal de la sanidad pública. Rubio negó que sea viable, como se ha dicho, que profesionales de la sanidad puedan optar por pasar a depender de los nuevos gestores privados, a cambio de ciertos incentivos, sin perder el derecho a volver a la plaza pública que ocupaban.

El Estatuto del Personal Sanitario, recordó el diputado socialista, sólo prevé excedencias para “prestar servicio bajo otro régimen jurídico” de tres años de duración con derecho a reincorporarse al servicio activo “en la misma área de salud de origen o, si ello no fuera posible, en áreas limítrofes con aquella”. Según Rubio, al superar los tres años, tendrían que participar en los concursos normales de acceso o de traslado. Rubio, sin embargo, recuerda que el traspaso de la pública a la privada se hizo cuando fue implantado el denominado modelo Alzira, pero entonces aún no estaba vigente el Estatuto del Personal Sanitario, que es del año 2003.

Más allá de los problemas legales que plantea el paso a la privada del personal funcionario o estatutario de la sanidad pública valenciana, el parlamentario apuntó que lo que sí que tienen probablemente en mente los promotores del nuevo modelo de gestión es la privatización del personal interino. “Puede que se planteen forzar al personal interino a dar el paso”, señala Rubio, “o que decreten un plan de reasignación u ordenación de recursos humanos para conseguirlo”.

De acuerdo con los datos de la cuenta general de la Generalitat de 2010, el sistema sanitario valenciano contaba con 29.353 profesionales fijos, entre funcionarios, estatutarios y laborales, y con 23.985 temporales interinos, que conformarían el colectivo más susceptible de trasvase a la empresa privada. En conjunto, incluyendo otras contrataciones como las que se efectúan en verano para cubrir las plazas en vacaciones, el sistema valenciano de salud contó en 2010 con 73.863 empleados, lo que elevaría la cifra.

“Estamos ante unas medidas que cambian absolutamente el modelo”

La confusión existente en torno a las características definitivas del modelo de privatización de la sanidad valenciana viene causada, según los socialistas, por el goteo con el que el Consell que preside Alberto Fabra está administrando la información y por la propia complejidad de la operación. De ahí que esté previsto utilizar para definir las condiciones de adjudicación de los concursos de colaboración público-privada un mecanismo excepcional, el “diálogo competitivo”, en el que la propia Administración llama a los candidatos para la licitación.

“Es un lío premeditado”, señaló el también diputado socialista Ignacio Subías. “Estamos ante unas medidas que cambian absolutamente el modelo”. Según Subías, el PP ha iniciado “lo que podemos denominar la demolición del sistema sanitario”, dado que el horizonte es que acaben conviviendo la medicina privada y la pública en los hospitales. “Se cargan la universalidad y la equidad”, señaló Subías, quien vaticinó que los pacientes tendrán que acabar pagando “por el transporte sanitario no urgente, las prótesis externas o parte de la dieta terapéutica”.

Los socialistas han pedido la comparecencia urgente del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y del consejero de Sanidad, Luis Rosado, en las Cortes Valencianas para que ofrezcan “una explicación clara de las medidas”.