El negocio de la sanidad

La propuesta que dio a conocer el viernes el Consell para mejorar la eficiencia en la gestión de la sanidad pública es, como poco, inquietante. El proyecto, presentado como un intento de racionalizar servicios que, de hecho, ya están privatizados en los hospitales y que son tan dispares y disímiles como las resonancias magnéticas, las comidas que se sirven, la limpieza de los centros o los servicios de ambulancias, tiene como objetivo ahorrar 263 millones agrupando todos esos servicios bajo un único gestor, dejando las prestaciones asistenciales sanitarias a cargo del sector público. Una loable idea si no fuera porque de inmediato surgen numerosos interrogantes. El plan, tal y como se expone desde el Consell, consiste en reprivatizar lo ya privatizado para hacerlo más eficaz porque, se entiende, el actual modelo no funciona todo lo bien que debiera. Si es así, ¿por qué se pretende profundizar en el mismo? ¿Qué garantías hay ahora que no existieran antes de que va a ser eficaz? ¿Qué va a pasar con las actuales concesiones, adjudicadas de acuerdo con unas condiciones que deben estar vigentes? ¿Van a aceptar resignadamente agruparse en un único gestor que les diga cómo tienen que hacer su trabajo? ¿Los actuales concesionarios están cobrando por sus servicios más de lo que debieran y por eso resultan tan caros? ¿Qué hace la Consejería de Sanidad? Son muchas las cuestiones que no aclara el Consell y que no se responden con vagas comparaciones al modelo existente en Suecia que, además, no se compadecen con la realidad del país escandinavo.

El hecho es que el Consell, de una manera u otra, está sacrificando el Estado del bienestar en aras de conseguir el objetivo del déficit que se le ha impuesto desde el equipo económico de Mariano Rajoy. Los inmigrantes sin papeles serán los primeros en ser expulsados del sistema, pero no serán los únicos. El proyecto que presentó el pasado viernes el vicepresidente José Ciscar no es, todavía, la privatización del sistema público de la sanidad; pero sí su antesala. No tardaremos mucho en ver cómo la parte privada de la dirección de los departamentos sanitarios impone sus criterios dentro de los hospitales públicos, donde se podrá comer a la carta, existirán habitaciones individuales y servicios personalizados siempre que el paciente o sus familiares puedan permitirse el lujo de poder pagárselo. La sanidad es un negocio y la habrá para ricos y para pobres. El Gobierno garantizará un paquete de prestaciones sanitarias básicas para todos; a partir de ahí las desigualdades serán enormes.

Más sencillo será recortar las prestaciones para que todos, salvo el paciente, salgan ganando

Pero durante la transición hacia ese nuevo modelo todos los usuarios de la Seguridad Social tendremos que apretarnos el cinturón. Las empresas privadas tienen que ganar dinero, es lo suyo. Y la que se haga cargo del control de los actuales concesionarios tendrá un doble objetivo: ahorrar 263 millones y alcanzar su margen de beneficio. ¿Logrará ambas cosas a costa de las ganancias de las actuales empresas privadas que gestionan los servicios? No parece lo más probable. Más sencillo será recortar las prestaciones para que todos, salvo el paciente, salgan ganando. Menos calidad en la comida, menos resonancias magnéticas, menor frecuencia en el cambio de sábanas y toallas de los hospitales y en la limpieza de las habitaciones. Nada que no se haya visto en series de televisión o nada que no ocurra ya en muchos países de la Unión Europea. Nada es gratis. Eso sí que es un hecho. Pero, por favor, que no nos tomen por imbéciles hablando sobre modelos suecos, eficacia o eficiencia. Pervertir el lenguaje para hacer irreconocible la realidad es indecente.

Ayer, por cierto, se echó de menos a los líderes de los partidos de la oposición. Ninguno de ellos tuvo tiempo para explicar personalmente su opinión sobre un cambio tan trascendental en el Estado del bienestar. Se limitaron a mandar las habituales notas de prensa de fin de semana. Tendrían cosas más importantes que hacer, aunque no consta.