16 exconcejales del PP de Boadilla, condenados a devolver 100.000 euros

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado al exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, y a los otros 15 ediles del PP elegidos en 2007, a devolver los alrededor de 100.0000 euros que percibieron en concepto de ayudas al grupo municipal popular, según una sentencia del pasado 16 de febrero. Esta decisión judicial confirma una sentencia anterior del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que había declarado nula la constitución del grupo municipal de González Panero en 2007. "La ejecución de la sentencia conlleva que se devuelvan las asignaciones económicas percibidas como consecuencia de la existencia del grupo municipal popular, durante el periodo de tiempo que va del 28 de junio de 2007 hasta el 18 de marzo de 2010", especifica el fallo, que obliga a los exediles del PP de Boadilla a devolver las ayudas otorgadas por el Consistorio al grupo popular, y a cada uno de sus integrantes.

De esta forma, la sentencia, resultado de una denuncia presentada por Alternativa por Boadilla, deja claro que la constitución del grupo municipal, aprobada por el secretario del Consistorio, fue ilegal: "Habiéndose anulado la constitución del grupo municipal popular, pues fue efectiva el 18 de marzo de 2010, por lo que no habiendo existido en este periodo de tiempo la consecuencia directa es que no debieron percibir las asignaciones como grupo municipal durante este periodo de tiempo, por lo que se estimará esta concreta pretensión", explica el fallo de los magistrados. La cantidad que deberán devolver los 16 concejales del PP de la Corporación municipal elegida en 2007 se puede calcular recurriendo a una orden aprobada por González Panero, imputado en el caso Gürtel, y a quien el presunto cerebro de la trama Gürtel llamaba por el apodo de albondiguilla. Esta propuesta,que fue aprobada por el Pleno con la mayoría del PP, especificaba que la asignación anual para cada grupo municipal era de 1.500 euros. Y por cada concejal 2.000 euros anuales. De esta forma, el montante total llega a los 100.000 euros, siendo de unos 6.000 euros por cada edil.

Precisamente, al menos cuatro de los 16 exconcejales condenados a devolver esas ayudas, y que no resultaron implicados en el escándalo, han sido recolocados en los Ayuntamientos adyacentes en los que gobierna el PP. Este es el caso de la que fuera alcaldesa Mercedes Nofuentes: que fue contratada en el Ayuntamiento de Las Rozas como responsable de área con una retribución anual de 45.832 euros en 14 pagas (3.273 euros mensuales). La exconcejal en Boadilla Isabel Fernández de Guzmán también fue nombrada asesora en Las Rozas, con 37.654 euros de sueldo. Otras de las recolocadas que deberán afrontar el pago de los más de 6.000 euros por edil son Olivia García Moyano, concejal en Villaviciosa de Odón; y Cristina Sánchez Massa, edil en Pozuelo de Alarcón.