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Madrid convoca a los sindicatos de la sanidad para explicar el real decreto

La mesa, que no se reunía desde principios de marzo, está prevista para el 3 de mayo La norma que consagra recortes en sanidad afecta al personal madrileño

Elena G. Sevillano

El real decreto ley 16/2012 de medidas urgentes para la sostenibilidad del sistema nacional de salud, publicado el pasado martes 24, ha generado críticas y muchas dudas entre los profesionales sanitarios. Además de instaurar el copago en férulas, prótesis y sillas de ruedas y en el transporte sanitario no urgente, el texto expulsa de la sanidad pública a los inmigrantes irregulares al dejar sin tarjeta sanitaria a unas 150.000 personas sin papeles. Según el real decreto, solo podrán acceder al sistema a través de las urgencias. La aplicación de la nueva norma es uno de los puntos del orden del día de la reunión a la que la Consejería de Sanidad madrileña ha convocado a los sindicatos. La mesa sectorial se reunirá el próximo 3 de mayo, tras el puente. 

La convocatoria se produjo ayer a mediodía, dos días después de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del real decreto. Una de las cuestiones que se discutirán son las "medidas en materia de recursos humanos incluidas en el real decreto ley 16/2012, de 20 de abril". El texto legal incluye disposiciones que afectan al personal sanitario estatutario y elimina un complemento de jubilación al que hasta ahora tenían derecho los trabajadores, entre otras cuestiones. Sin embargo, los sindicatos aprovecharán para preguntar por la aplicación en las consultas de las nuevas normas, especialmente en lo que respecta a la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares.

El real decreto que recorta en sanidad

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), y en concreto su sector de Atención Primaria, alertó hace dos días de que el real decreto "condena a desaparecer" a dos colectivos de facultativos: los médicos titulares (conocidos también como médicos de APD) y los médicos de cupo y zona. El texto "desliza, en no más de dos pequeños párrafos, las bases para la eliminación de más de 3.000 facultativos, la mayoría funcionarios de carrera por oposición, dejándoles como única opción para mantener su condición la de abandonar la asistencia sanitaria que vienen realizando, al que menos durante 30 años, para dedicarse a tareas administrativas fuera de las instituciones sanitarias públicas".

El texto modifica una disposición transitoria, y afirma: "El personal que percibe haberes por el sistema de cupo y zona se integrará en el sistema de prestación de servicios, de dedicación y de retribuciones que se establece en esta ley, antes del 31 de diciembre de 2012. Queda suprimida desde esa fecha la modalidad de prestación de servicios de cupo y zona." La situación en la que quedan los médicos de cupo en la Comunidad de Madrid, entre otras cuestiones, se tratará en la reunión del 3 de mayo. Otros sindicatos, como CCOO, están de acuerdo con la desaparición de la figura del médico de cupo. "Se trata de una figura obsoleta que no tiene cabida en el sistema actual", asegura Manuel Rodríguez, portavoz de Sanidad en Madrid. A su organización le preocupa la posible situación de colapso que se puede dar en las urgencias cuando esta se convierta en la única puerta al sistema sanitario de la que dispongan los inmigrantes irregulares. La Consejería de Sanidad asegura que no teme que se produzca ese colapso.

El sindicato CSIT-UP remitió el miércoles pasado una carta al consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, en la que solicitaba una reunión urgente para explicar las modificaciones en las condiciones laborales y profesionales de los 60.000 trabajadores de la sanidad pública madrileña. En un comunicado, el sindicato asegura que algunas de las novedades del real decreto se traducen en "un empeoramiento de las condiciones de jubilación y acción social de los profesionales", la "modificación de las condiciones de movilidad laboral" y la "supresión del personal de cupo y zona", entre otras.

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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