La Junta dice que Andalucía sufrirá un “doble recorte” en educación

Las medidas de ajuste que el Gobierno central prevé imponer en educación y sanidad chocan de frente con los principios sociales que defiende la Junta. “Este Gobierno no está de acuerdo con los recortes en educación que propone el Gobierno central, y menos que se aplique de manera idéntica en todas las comunidades autónomas”, declaró este martes la consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Mar Moreno.

“Andalucía y Murcia sufriremos un doble recorte educativo. Y será doble porque en Andalucía hay más población en edad escolar que en otras comunidades, por lo tanto, habrá menos recursos para más niños y jóvenes”, explicó en detalle.

Anunció también en estas declaraciones realizadas tras el Consejo de Gobierno la adjudicación por tres millones de euros de la ampliación y reforma de un instituto en Jaén y un colegio en Garrucha, que supondrá la creación de 112 empleos. “Es muestra del esfuerzo sostenido del Gobierno andaluz por la educación”, detalló.

La consejera también declaró con respecto a la medida anunciada por el Gobierno central de privatizar las televisiones autonómica que será el futuro gobierno el que aborde la cuestión. Pero se apresuró a asegura “De lo que depende de los socialistas y de IU, vamos a defender la naturaleza pública de la RTVA, con la garantía de pluralidad y de vertebración de Andalucía”.

Por su lado, la Consejería de Salud publicó un comunicado en el que anuncia que sus servicios jurídicos estudian la posible inconstitucionalidad del real decreto ley sobre ajustes sanitarios publicó este lunes el BOE y que, entre otras cuestiones, restringe el acceso a la sanidad pública a inmigrantes no regularizados.

“El texto del Decreto supone una auténtica contrarreforma del modelo del Sistema Nacional de Salud y pone en jaque una de sus características básicas: el acceso universal de todos los ciudadanos a la atención sanitaria pública”, se lee en el comunicado.

“Además, el real decreto limita la capacidad de las comunidades autónomas y supone una recentralización de las competencias en materia de sanidad bajo la coartada económica”, concluye el texto.