El Gobierno asciende a la funcionaria del informe exculpatorio a Construcuatro

Cristina Paz Curbera es, otra vez, jefa de Costas en la provincia de Pontevedra. El Gobierno de Mariano Rajoy ha desoído el fuerte rechazo que provocaba su nombramiento y, aunque con retraso, ha repuesto a la funcionaria en un cargo que ocupó entre 2005 y 2007. Paz Curbera es la autora del controvertido informe en el que se basó en 2005 el exconselleiro Enrique López Veiga y, recientemente, la Xunta de Feijóo, para perdonaruna multa de tres millones de euros a Construcuatro, de la que en aquel momento era socio y consejero delegado el diputado del PP Telmo Martín.

Paz Curbera también es conocida por poseer un chalé frente al mar en zona de protección. La directora de la demarcación de Costas se construyó en 1999 la casa, de 450 metros cuadrados y sobre una finca de 2.500, sobre unos terrenos de Sanxenxo que las normas urbanísticas de la época calificaban de “suelo no urbanizable”. Pero Telmo Martín, a la sazón alcalde de esa localidad, aprovechó el Plan General de 2003 para recalificarlos como urbanizables y desplazar el límite de servidumbre de protección justo hasta la fachada del chalé. Para ello, obtuvo un informe favorable de la demarcación de Costas, en la que Paz ya ejercía como jefa del servicio de Gestión del Dominio Público Marítimo Terrestre.

Dos años después, la intervención del Servicio de Costas resultó crucial para resolver uno de los principales problemas que se encontró Telmo Martín mientras compaginó la alcaldía con la actividad inmobiliaria. Un edificio que Construcuatro, de la que Martín poseía el 33%, edificó en la selecta playa de Silgar, en Sanxenxo, invadía dos metros la zona de servidumbre y contaba con un piso más de los permitidos. La Xunta le abrió un expediente que el entonces conselleiro de Pesca, Enrique López Veiga, archivó al aparecer un plano distinto aportado por Costas, en el que la invasión se reducía a un metro. La “discrepancia” entre planos justificó al archivo, lo que libró a la inmobiliaria de Martín de la demolición y de una multa de tres millones.