Ricard Vinyes: “La Ley de Memoria sirvió para privatizarla”

¿Qué es posible hacer con la memoria histórica sin derogar la Ley de Amnistía del 77 y con una derecha triunfante que no censura a Franco como figura histórica, en una época donde la voracidad de los mercados sí se usa para suspender derechos constitucionales? Cuestiones así se verbalizaron el pasado jueves durante la conferencia de Ricard Vinyes, colaborador de EL PAÍS, en la Biblioteca Ánxel Casal de Santiago. Invitado por la asociación Sine Nómine, el investigador catalán habló sobre las políticas de memoria en España.

Sedimentos franquistas aparte, la trayectoria de Vinyes ejemplifica el punto y aparte de la Transición —“no comparto que sean los mismos perros con distintos collares”, afirmó—, el revisionismo ultra posterior —la diferencia entre historiadores militares como los hermanos Larrazabal es que sus epígonos no son historiadores— y lo que costó avanzar a partir de ahí. Todas las dificultades para instaurar algo parecido a una reparación de las víctimas. No lo hizo la Ley de Memoria Histórica (2007), ahora “muerta”. “Su artículo cuarto establece el derecho de cada afectado a obtener un título de víctima certificado, uno se lo pone sobre el tresillo y ya está”, resumió. “Eso equivale a privatizar la memoria, negándose a crear un espacio público para ella: la trayectoria personal de la víctima deviene ininteligible, al separarse de la trayectoria histórica”.

Cuestión de prioridad

Nunca fue partidario de prohibiciones, señaló, en alusión a las célebres retiradas nocturnas de símbolos del franquismo. “Es mejor un cambio cultural”, apuntó. Experto en los casos de niños robados a madres republicanas en el franquismo —era testigo de la defensa de Garzón, pero el juez Varela no lo llamó a declarar, pese a que su testimonio podría validar la planificación propia de un genocidio—, Vinyes repite que “si PP y PSOE echan atrás la posibilidad de revisar la Ley de Amnistía, no habrá forma de hacer nada”. Vinyes zanja los hechos del 77, en un país donde la apología del franquismo no es delito, brevemente: “La sociedad aceptó aquello porque no había conciencia de lo que significaba acabar con la impunidad. El vocabulario de los derechos humanos empezó a desarrollarse en Chile o Argentina”.

Las dificultades en Galicia para mantener con vida el depósito digital de víctimas del Proxecto Nomes e Voces le sirve para rescatar la ética. Como urgencia civil. “No es cierto que no haya dinero; es un problema de prioridades”.