Alaya insiste en su presión sobre Fernández por el ERE de González Byass

La juez Mercedes Alaya ha acusado esta mañana al exconsejero de Empleo Antonio Fernández de no abstenerse en la tramitación y aprobación del ERE de la bodega González Byass que la Junta de Andalucía subvencionó en 2008 con 17 millones, y que benefició al propio Fernández, trabajador de la firma entre 1971 y 1982, cuando solicitó una excedencia forzosa por cargos públicos que ha mantenido durante casi 30 años. El ERE había dispuesto una póliza como extrabajador de 386.000 euros a la que renunció al no firmar el boletín de adhesión necesario. No obstante, Fernández sí cobrará una indemnización por despido en torno a los 30.000 euros cuando esté desempleado.

Este ha replicado que la tesis de Alaya le parece “descabellada” y se ha mostrado indignado, porque sostiene que sí se abstuvo del ERE al no participar de manera activa en la negociación entre la empresa de la que había sido trabajador y la consejería que el entonces encabezaba. Mientras que la juez cree que Fernández debía haber comunicado a la empresa por escrito que renovaba su excedencia forzosa para que le reservasen su puesto de trabajo, este alega que se lo comunicó a la firma bodeguera de manera telefónica. En definitiva, dos criterios interpretativos opuestos sobre una cuestión muy técnica de derecho laboral.

Sobre su abstención en la tramitación, Fernández ha aclarado que se reunió con la dirección de la bodega y sus asesores jurídicos, pero cuando estos le comunicaron que él mismo sería incluido en el ERE, desde ese instante dejó de participar en las reuniones.

La sesión de hoy ha sido un crudo enfrentamiento de posturas jurídicas opuestas en las que cada parte observa desde un ángulo diferente si Fernández se abstuvo o no en dicho ERE. El acusado ha lamentado el “enorme perjuicio familiar y social” que esta imputación le ha causado, según ha precisado su abogado Alfonso Martínez del Hoyo, y la juez le ha transmitido que lo entendía, pero que, en su opinión, era su obligación como instructora.

A preguntas de la juez, el exconsejero ha aclarado que no comunicó a su superior (el expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves) de forma escrita la abstención en el ERE, porque no es costumbre en política.

En el ataque al procedimiento y su publicidad que llevó el fondo para empresas en crisis, la juez ha querido aclarar que el lenguaje de la ley de Presupuestos no es inteligible para la mayoría de los ciudadanos, ya que anoche Fernández sostuvo que la tramitación a través del Parlamento es suficiente para que contara con publicidad. En este punto Fernández ha admitido que es un lenguaje un tanto oscuro y demasiado técnico para la mayoría de la población.

Tras más de 20 horas de declaración y cerca de 200 preguntas, la juez ha concluido el interrogatorio del exconsejero y le ha preguntado si quería añadir algo más, a lo que el imputado ha dicho que sí. “Siempre he tenido el criterio y la conciencia de trabajar bajo el principio de legalidad y de legalidad presupuestaria”, afirmó Fernández, informa Europa Press. Tras la juez, llega el turno de del interrogatorio de la Fiscalía Anticorrupción y del resto de acusaciones, tras lo que le tocará el turno a su defensa y, por último, se celebrará la comparecencia de medida cautelares.