Fernández alega que la Intervención no prohibió el fondo de los ERE

El exconsejero de Empleo Antonio Fernández ha defendido esta mañana durante su interrogatorio la legalidad del fondo para empresas en crisis creado en 2001 y dotado con 647 millones, ya que la Intervención General puso reparos al método de pago ideado, pero nunca emitió informes de actuación que alertaran del menoscabo de los fondos públicos. La juez Mercedes Alaya ha estado “mucho más beligerante”, según un abogado presente en la sala. En el segundo día de declaración, la comparecencia ha versado en torno a la legalidad del cuestionado fondo y Fernández se ha escudado en que los criterios jurídicos de la Intervención no eran determinantes ni debían paralizar el uso del fondo.

“Al menos asuma la responsabilidad que le corresponde como consejero”, le ha espetado Alaya al 'apretarle' en las preguntas. La juez le ha subrayado que le considera responsable de todo lo que sucedía en la consejería durante su mandato (2004-2010), y que debía estar al tanto de las decisiones importantes que se tomaban. El ex alto cargo ha aclarado que no había un protocolo de actuación escrito en Empleo, sino que él daba órdenes verbales para dirigir las ayudas a los territorios que padecían las cuotas de desempleo más altas en la comunidad.

A pesar de que Fernández está “menos fuerte” que ayer en sus respuestas, según puntualiza otro letrado, sigue planteando batalla. Cuando la magistrada le inquirió sobre una de sus respuestas, este replicó: “Se lo digo, se lo afirmo y se lo repito”. En otro momento de tensión, ambos han discutido sobre una declaración que realizó Fernández ayer y la juez ha matizado que sabe “perfectamente” lo que dijo porque anoche estuvo releyendo su declaración judicial hasta las 3.30 de la madrugada.

El exconsejero ha aclarado que él nombró al exparlamentario Ramón Díaz (antigua mano derecha del ex director general de Trabajo Javier Guerrero) porque conocía su experiencia en conflictos laborales. Fernández ha dicho que las ayudas “había que pelearlas” y que no se otorgaban a todo el mundo, por lo que ha contradicho a Guerrero, que sostiene que todos los empresarios que pidieron ayudas fueron atendidos. A continuación, ha subrayado que él no decidió la contratación de las consultoras Uniter y Vitalia, sino que esto correspondía a las empresas. Las consultoras llegaron a cobrar hasta un 25% en gastos externos por comisiones de los ERE.