PSOE e IU se comprometen a sacar adelante una ley de Transparencia

Socialistas e IU se comprometen en un documento a garantizar la gobernabilidad de Andalucía, cuyo grandes epígrafes son el empleo, las políticas sociales y la defensa de la autonomía. El acuerdo programático, de 75 folios, incluye 250 medidas y 28 leyes. Entre las apuestas destacan una ley de Transparencia, un estatuto de altos cargos que obligará a estos a firmar una carta de compromiso ético y una ley de Participación Ciudadana. También la constitución de un grupo de trabajo para establecer una renta básica y la creación del Instituto Público de Crédito andaluz para apoyar a pymes y autónomos.

 » Empleo. El documento señala que esta es la prioridad del acuerdo. Plantea un gran pacto que configure una agenda específica refrendada por el Parlamento, y a la que la Junta deberá prestar toda su capacidad para apoyar a los autónomos y las pymes, además de reprogramar los fondos europeos. Se hará un plan de choque que incluye realizar varias obras, para las que se contratará preferentemente a parados de larga duración. También se aprobarán iniciativas fiscales para cooperativistas y empresarios que contraten a jornada completa. Como medidas concretas, propone un plan forestal, rehabilitación de viviendas, la aplicación de las obras en colegios públicos, y constituir una comisión parlamentaria para el seguimiento de la crisis y la creación de empleo.

» Impulso económico. Entre diversas acciones para potenciar el sector agroalimentario, la agricultura y la pesca y otros bloques fundamentales para la economía —como el turismo, la industria aeroespacial y la biomedicina—, destaca la creación de un Instituto Público de Crédito, una especie de Instituto de Crédito Oficial (ICO) andaluz. Igualmente, PSOE e Izquierda Unida se comprometen a impulsar el tercer pacto por la economía social y crear el Consejo Andaluz de Economía Social.

» Fiscalidad. Los partidos de izquierda prometen aumentar la progresividad el sistema fiscal para que los que “más tienen sean los que más contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos”. Se establecerá un gravamen permanente sobre la riqueza a través de la reforma del impuesto del Patrimonio y se hará una “reforma amplia” del impuesto de Sucesiones y Donaciones. También habrá una nueva ley contra el fraude fiscal, que reforzará una campaña de concienciación. Completa el paquete una ley de Fiscalidad Ecológica.

» Más democracia y lucha contra la corrupción. El acuerdo propone una serie de medidas. Entre ellas reforzar la Cámara de Cuentas “para prevenir posibles actuaciones fraudulentas”. El compromiso detalla una ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, un Estatuto de altos cargos que obligará a estos a firmar una carta de compromiso ético y una ley de Participación Ciudadana. PSOE e IU se comprometen a reformar el Reglamento del Parlamento para “garantizar” las comisiones de investigación, así como centralizar los gastos de promoción y publicidad de la Administración. Un grupo de trabajo determinará a partir de septiembre los límites de la reforma de la ley Electoral para ampliar la proporcionalidad.

En este epígrafe y ante el temor de que el Gobierno central elimine las operaciones de interrupción voluntaria del embarazo de las prestaciones, ambos partidos se comprometen a “garantizar” la práctica de abortos en la sanidad pública.

» Educación. La apuesta es por una educación pública y la inversión prioritaria de los Presupuestos. Aumentarán los centros de formación profesional, y se garantiza la gratuidad de los libros de texto, y el apoyo a la ratio alumnos/profesor actual. En la Universidad, el documento se compromete a una financiación suficiente y el apoyo a los campus de excelencia.

» Salud. Defensa del sistema actual y los derechos contenidos en la ley de Salud Pública de Andalucía y el Plan de Atención Primaria. Oposición total al “copago-repago” sanitario con el impulso de medidas de ahorro en la factura farmacéutica.

» Política social. Plan de Inclusión Social con carácter inmediato. También se contempla la creación de un grupo de trabajo para analizar la legislación autonómica e internacional en materia de renta básica de ciudadanía, con el fin de fijar el alcance y las condiciones de una ley que regule el desarrollo progresivo de dicho derecho estatutario.

» Medio Ambiente. Todo el documento se basa en que la gestión sostenible impregne la actividad económica y la “no regresión” en las políticas de ordenación territorial, lo que impediría la regularización de viviendas ilegales como la aprobada en la anterior legislatura. La revisión de la ley de espacios protegidos y la delegación de competencias de la cuenca del Guadalquivir son otros de los compromisos.

» Leyes. El compromiso legislativo es nada menos que de 28 leyes. Entre ellas, destacan la de transparencia y acceso a la información; fiscalidad ecológica, contra el fraude fiscal y social; la ley del estatuto básico de los empleados públicos; de reconocimiento y promoción profesional al profesorado; una ley contra el cambio climático, otra de energías renovables, y otra de espacios protegidos. También se harán nuevas leyes la movilidad sostenible, de igualdad de género y prevención de la violencia machista; de sostenibilidad sanitaria y servicios sociales, atención al menor, ley de juventud, del deporte, de carta de derechos a la ciudadanía, de memoria democrática y de transexualidad. Igualmente, se propone reformar la ley del Defensor del Pueblo, el Reglamento del Parlamento andaluz para aumentar la participación ciudadana y las comisiones de investigación.