El exconsejero Fernández solicitó en 2011 su indemnización por despido

El exconsejero de Empleo Antonio Fernández cobrará una indemnización por despido de 31.419 euros tan pronto quede desempleado. Fernández, imputado en el caso de los ERE y que declarará el próximo viernes ante la juez Mercedes Alaya, firmó el pasado junio el boletín de adhesión para su indemnización por haber trabajado en las bodegas González Byass entre 1971 y 1983. La empresa recibió 17 millones de la Junta para el ERE (Expediente de Regulación de Empleo) que realizó en 2008. En dicho expediente estaba incluido Fernández, pero este rechazó cobrar su póliza de 386.000 euros porque la procedencia de este dinero era la propia Consejería que él dirigía.

Fernández percibirá su indemnización por despido cuando esté desempleado. Para asegurarse el cobro del dinero, que abonará González Byass, el exconsejero escribió en junio de 2011 al responsable de la consultora Uniter, José González Mata, también imputado, para pedirle su boletín de adhesión y devolverlo firmado. Fernández es hoy presidente del Consejo Regulador de los vinos de Jerez y extrabajador en excedencia de González Byass. Tras la investigación patrimonial, la magistrada no ha acreditado que se haya lucrado de manera ilícita.

La juez Alaya decidió este lunes posponer la declaración judicial de Fernández del martes hasta el próximo viernes, con la previsión de que se prolongue el sábado, para que los letrados del caso accedieran a la documentación con la vida laboral de Fernández que le había proporcionado la Guardia Civil. La expectación ante esta comparecencia es notable, ya que pese a las obvias diferencias por los indicios recabados hasta ahora, los imputados que le han precedido, el ex director general de Trabajo Javier Guerrero y su exchófer Juan Francisco Trujillo, han ingresado en prisión preventiva.

La juez ha imputado a Fernández porque le considera “indiciario conocedor” de las pólizas ilegales que realizó Guerrero a los intrusos (personas que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas); por conocer los “importantes reparos” que la Intervención General de la Junta expuso ante el procedimiento para conceder las ayudas públicas; y finalmente por su inclusión en el ERE de González Byass.

El letrado del ex alto cargo, Alfonso Martínez del Hoyo, destacó que el exconsejero no se ha beneficiado de los fondos públicos que él mismo otorgó desde Empleo: “La póliza de 386.000 euros era un derecho legítimo. Pero por una cuestión de ética, al ver que había fondos públicos, decidió no sustantivar la suscripción del boletín de adhesión”.

Por otra parte, la empresa de corcho Corvillette SL, cuyos responsables están imputados, recibió 440.000 euros como ayuda sociolaboral para cuatro trabajadores de esa firma, según avanzó la Guardia Civil en su atestado entregado el pasado viernes al juzgado. La ayuda “fue efectuada como ejecución a un acuerdo previo entre los administradores de Aglomerados Morell [la familia Morell, que posee Corvillette] y el director general Juan Márquez [sucesor de Guerrero, y también imputado] la cual, en realidad, iba a revertir en beneficio de la familia Morell, por imposibilidad de ser concedida a Aglomerados Morell”, destaca el informe policial.

El guardia civil instructor subraya incluso cómo Andrés Morell telefoneó a la Dirección General de Trabajo para informar de que necesitaba el dinero “urgentemente porque había cerrado un trato para la compra de cochinos”. El agente resalta el mal uso del dinero concedido como subvención por Empleo: “Finalidad muy distinta de la que deberían ir dedicadas las subvenciones recibidas”.