El juez aprueba el concurso de acreedores de la cooperativa de L’Aldea

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Tarragona ha aprobado el concurso de acreedores voluntario presentado por la cooperativa de L’Aldea (Baix Ebre). La sección de crédito de la entidad entró en quiebra y bloqueó las cuentas de sus más de 3.000 socios a finales de 2011. Por este motivo, la cooperativa de L’Aldea solicitó el concurso de acreedores el pasado 5 de abril alegando una situación de insolvencia, según ha informado este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El auto del juez especifica que la cooperativa tiene más de 50 acreedores, con un pasivo total superior a cinco millones de euros. Además, el inventario presentado supera esta cifra. El juez ha designado a la Sociedad Profesional M&M Abogados como administradores concursales. Aun así, por el carácter voluntario del concurso, la cooperativa seguirá teniendo el poder de administrarse y disponer de sus bienes y patrimonio, aunque formen parte del concurso de acreedores.

Los socios de la cooperativa decidieron solicitar concurso de acreedores en una asamblea a finales de marzo, a partir del informe de una auditoría. “Fue aprobado por la mayoría de los socios, era la mejor opción”, explica José Fernando Falcó, presidente de la junta de la cooperativa. En la reunión también acordaron como medida inevitable para salvar la entidad aumentar la producción y buscar más agricultores en las poblaciones vecinas. Las hectáreas cultivadas deberán ser 150 en lugar de las 50 actuales. “Estamos empezando a reunirnos con los agricultores. Mientras no tengamos la materia prima no podremos salir adelante. El retorno del dinero a los socios depende de la verdura que lleven a la cooperativa, y también tenemos que sobrevivir para poder responder ante los acreedores a final de año”, dice Falcó.

Sin embargo, los afectados por el bloqueo de cuentas no son tan optimistas. “El futuro ya es responsabilidad de la cooperativa, el retorno de los ahorros puede durar años, estamos esperando la entrada de la nueva junta en junio”, dice Ramón Carlos, portavoz de la plataforma de afectados de la cooperativa de L’Aldea.

El jueves, la junta de cooperativa también acordó aplicar un expediente de regulación de empleo (ERE) de reducción de jornada para los 12 trabajadores de la entidad. Supondrá un ahorro de 150.000 euros anuales. Los impositores con ahorros bloqueados recibieron el 30 de marzo 1.000 euros por libreta, generados por la actividad de la propia cooperativa. Fueron 300.000 euros en total, una cifra muy inferior a la prometida por la Generalitat. El Ejecutivo catalán preveía liquidar todas las cuentas a la vista y el 50% de las cuentas a plazo, objetivo que quedó lejos de cumplirse. Aún hay bloqueados 4,3 millones de euros de 321 impositores, según calcula Falcó, y no hay fecha para otro desbloqueo parcial de cuentas.