Garitano pide a Zabaleta que elimine los recortes

Mientras la consejera de Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, pedía ayer al Gobierno central que no recorte en materia social, la propia responsable vasca ha recibido idéntica petición del diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano. Según ha podido saber este periódico, el diputado general remitió la pasada semana una carta a Zabaleta solicitando que dé “marcha atrás en los drásticos recortes” que la consejera ha realizado en materia social.

Concretamente en las prestaciones económicas, impulsando una reforma legal que va acompañada de fuertes restricciones de acceso a las prestaciones para los extranjeros —endureciendo el requisito de empadronamiento de un año a tres— y reduciendo un 7% las cuantías mensuales de todos los perceptores, que ya superan las 57.000 personas en toda la comunidad autónoma.

La tacha de “irresponsable” y dice que aumentará la pobreza

“El Gobierno vasco está utilizando esta vía para expulsar del sistema de cobertura al máximo número posible de perceptores”, censura el diputado general. Garitano afea que, en época de crisis, “lejos de aumentar la protección social, la ha recortado” y señala que los más afectados por ella, “las madres solteras, las personas de edad con pensiones mínimas o aquellas sin arraigo en la Comunidad Autónoma” son los más castigados por los cambios. Por ello, califica como “grave irresponsabilidad” que el Ejecutivo “implemente medidas que abocan a las personas a la pobreza”, lo que supondrá “un aumento exponencial de la pobreza en nuestro territorio”. Según los cálculos de la Diputación guipuzcoana que se recogen en el escrito, en tres años habrá como mínimo 1.800 personas más en riesgo de exclusión social en su provincia.

Los problemas no solo son para los ciudadanos. También para las administraciones de los niveles inferiores, las que a su vez están más cerca de los habitantes. “El hecho de que el Gobierno vasco no asuma su competencia de abonar prestaciones económicas que garanticen la supervivencia de las personas no significa que estas desaparezcan”, recuerda el diputado general a Zabaleta. Con los recortes en las prestaciones sociales que concede el Gobierno —la Renta de Garantía de Ingresos y el complemento de vivienda—, las personas sin ingresos recurren a albergues, comedores sociales, pisos de inserción o centros de menores que son competencia de ayuntamientos y diputaciones.

Es decir, que “aumenta la presión de los demandantes de otros servicios sociales que están bajo nuestra responsabilidad”, señala Garitano, que se compromete a “no eludir” su responsabilidad con estos colectivos aún teniendo que “redoblar los esfuerzos económicos a costa de otras inversiones”.