Un 'tarifazo' programado

La subida de tarifas del transporte público que Esperanza Aguirre niega y que los usuarios abonarán a partir del 1 de mayo (curiosa forma de celebrar el Día del Trabajo) supone, además de un despropósito, un fuerte varapalo a las maltrechas economías domésticas.

Con 623.000 parados en la Comunidad de Madrid, 250.000 de ellos sin ningún ingreso, fijar una subida del 29% en el bonometro, el título de transporte que usa uno de cada cuatro viajeros, es sencillamente una falta de sensibilidad social que nos indica que la presidenta ha perdido cualquier atisbo de respeto hacia la ciudadanía de Madrid. Hasta CiU, que no se caracteriza precisamente por ser un partido progresista, ha implantado en Barcelona un abono social para parados y familias sin recursos que pueden adquirir por poco más de nueve euros al mes y que les da derecho a desplazarse por toda la red de transporte público; esto es algo que CC OO de Madrid ha solicitado reiteradamente en las reuniones del Consejo de Administración del Consorcio sin el más mínimo resultado.

El incremento no es consecuencia de la subida del combustible y la energía como pretenden hacernos creer, ni tan siquiera de que la aportación estatal se haya reducido en algo menos del 2% del presupuesto del Consorcio. Tiene más que ver con los más de 110 millones de euros que el Ayuntamiento de Madrid ha dejado de aportar a Metro y que la Comunidad pretende que asumamos los usuarios. Esta subida se aprobó en los presupuestos del Consorcio en noviembre, cuando se acordó que se obtendrían por venta de billetes 65 millones de euros a pesar de la enorme caída de viajeros de 2011 y la más que previsible caída de 2012. Es, por tanto, un tarifazo programado.

Tampoco es cierto que el coste del transporte público sea de 2.300 millones: 500 de ellos corresponden a cánones y alquileres que tradicionalmente pagaba el Gobierno regional antes de crear la extinta empresa Mintra, y que si asumiese como propios dejarían al transporte público madrileño en situación de superávit. Esta es la fórmula utilizada para construir una carretera regional o un túnel: se carga en partidas de inversiones que se cubren con impuestos, en ningún caso repercute en los conductores de vehículos privados. ¿Por qué sí afecta a los usuarios de transporte público?

Manuel Fernández Albano es experto en movilidad de CC OO.