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La crisis desborda los órganos judiciales

El presidente del TSJA sostiene que la tasa judicial en determinados supuestos no limitaría el acceso a la justicia a quienes carecen de recursos

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, durante la presentación de la memoria de 2011 del alto tribunal andaluz.
El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, durante la presentación de la memoria de 2011 del alto tribunal andaluz. EFE

Los juzgados que resuelven consecuencias de la crisis económica, como los de lo social o mercantil, están desbordados. Los efectos que ya se dejaron notar en pasados años en los órganos judiciales, han generado una “preocupante” elevación en el número de asuntos pendientes en los tribunales en 2011 con efectos directos en la ciudadanía en casos tan sensibles como despidos o desahucios. “Los efectos que esto tiene en tiempos de crisis no creo que haga falta que los explique…”, lamentó ayer el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, en la presentación de la memoria de actividad del alto tribunal.

Del Río, que abogó por “reformas estructurales” en la justicia y se mostró contrario a acometer solo “políticas de austeridad”, aseguró que habrá que estar vigilante en el año en curso, que augura “muy sensible” en la jurisdicción social, entre otras, por la incidencia que la crisis tenga y las reformas recientemente acometidas. Ya el pasado año, el número de ingresos por casos de despidos en los juzgados andaluces creció un 9% y se resolvieron menos, por lo que se incrementa la bolsa de pendientes, que sigue con una tendencia al alza y se sitúa en el 47%. En 2011, quedaron más de 6.200 asuntos por despido por resolver en los juzgados andaluces, pese a que la tramitación es preferente. Sevilla (4.626) y Málaga (4.134) fueron las provincias donde mayor número de despidos se presentaron. “El tiempo en la resolución es muy importante en estos casos”, abundó Del Río.

Los datos recogidos en la memoria desvelan que el número de ingresos de juicios verbales de desahucio descendió en 2011, excepto en Málaga, Almería y Jaén. Con todo, sigue siendo alto el número de asuntos pendientes por lo que el TSJA destaca que “será elevado” aún el número de desalojos en el presente año. Málaga es la provincia donde más se han solicitado, por encima de Sevilla y Cádiz, que son otras de las destacadas en este ámbito. El número de desahucios pendientes es “especialmente alto” en Málaga (1.193) y Sevilla (1.358).

En lo mercantil tampoco “se está dando la respuesta que la crisis exigiría”, según Del Río. La carga de trabajo es “muy superior a lo razonable”, reconoce el presidente, con 8.578 asuntos registrados en el pasado año, por lo que reclama la creación de juzgados exclusivos en Jaén y Huelva, donde actualmente no hay, y su incremento en otras provincias donde no se puede atender en tiempo adecuado la demanda. “Los refuerzos por ahora son inadecuados”. En 2011, se registraron 965 concursos de acreedores en Andalucía y el incremento creó “serias dificultades” en los juzgados.

Pero al margen de la incidencia de la crisis y en términos globales, lo cierto es que por segundo año consecutivo los litigios descendieron en Andalucía, aunque eso no impide que la cifra de asuntos pendientes siga siendo muy elevada (604.733) dada la cantidad tan alta de casos que se ingresan, que en 2011 fueron 1.907.701 (3% menos que el año anterior). "Pese al esfuerzo, “la situación final no es satisfactoria”, aseguró Del Río, ante la dificultad de bajar la tasa de asuntos pendientes con un modelo que calificó de “anacrónico, rígido y obsoleto”. El presidente del TSJA apeló a la imaginación para mejorar en gestión y consideró que el copago o tasa judicial en determinados  “no limita” el acceso a la justicia de quienes carecen de recursos y sí ayudará a disuadir recursos innecesarios.

 Del Río aprovechó la presentación de la memoria para anunciar que solicitará una reunión al fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, y los presidentes de las Audiencias Provinciales para impulsar la conformidad en la jurisdicción penal en base al protocolo suscrito en 2009 por la Fiscalía General del Estado y la Abogacía Española. El objetivo es acortar tiempo de señalamiento, ahorrar en coste económico y personal, además de tratar de evitar perjuicios innecesarios para testigos o peritos.