El Consejo de Garantías dicta que la reforma laboral vulnera la Constitución
El organismo catalán concluye que el texto atenta contra el derecho a la negociación colectiva El dictamen considera que no está justificada la vía del decreto ley
El Consejo de Garantías Estatutarias, un organismo de carácter consultivo dependiente de la Generalitat, considera inconstitucionales varios apartados de dos artículos del decreto ley de la reforma laboral promovida por el Gobierno. El pronunciamiento de este organismo se ha conocido hoy tras el dictamen que reclamaron, por diversos motivos, todos los partidos políticos catalanes, a excepción del PP.
El dictamen concluye por unanimidad que varios apartados de los artículos 12 y 14 del decreto son contrarios a la Constitución. También asegura que otro apartado del mismo artículo 14, así como algunas disposiciones transitorias vulneran competencias de la Generalitat en materia de trabajo y relaciones laborales y advierte que otro apartado del artículo 4 sería contrario a la Constitución en función de cómo se interprete.
El Consejo de Garantias Estatutarias es una institución de la Generalitat prevista en el Estatuto de Autonomía que vela por la adecuación a este texto y a la Carta Magna de la legislación autonómica y estatal si afectan a Cataluña.
El dictamen coincide con la opinión expresada por los sindicatos y por los partidos de la izquierda al cuestionar la forma del decreto ley para imponer la reforma laboral. El artículo 86.1 de la Carta Magna prevé esa posibilidad "en caso de extraordinaria y urgente necesidad" pero el Consejo de Garantías entiende que nada justifica esa vía y que el decreto ley que aprobó el Gobierno "vulnera los límites establecidos" en ese artículo de la Constitución.
Del mismo modo, el dictamen considera por unanimidad que también el artículo 12 del decreto de la reforma que modifica el Estatuto de los Trabajadores vulnera el principio constitucional del derecho a la negociación colectiva previsto la Carta Magna. Concretamente, la Constitución garantiza en su artículo 37.1 el derecho a la negociación colectiva que ahora se ve vulnerado, según el Consejo de Garantías Estatutarias. Los juristas que integran este organismo coinciden así también con los sindicatos y la izquierda, que desde el primer momento denunciaron que la reforma suponía un retroceso de este derecho básico en las relaciones laborales.
El dictamen da la razón en esos puntos a los partidos de la izquierda catalana (PSC, Iniciativa y ERC), así como los independentistas de SI. Al margen de esas cuestiones, los recurrentes consideraban que la reforma invadía competencias de la Generalitat. CiU compartía esa opinión y reclamó un dictamen solo sobre ese punto concreto de la reforma. Los juristas también les han dado la razón en eso.
Concretamente, el Consejo de Garantías concluye que la reforma también es inconstitucional porque vulnera las competencias de la Generalitat en materia de trabajo y de relaciones laborales. Los partidos catalanes, excepto el PP, habían insistido en que, con la reforma, el Gobierno catalán perdía todas sus atribuciones como autoridad laboral a la hora de, por ejemplo, aprobar un Expediente de Regulación de Empleo. El dictamen avala esa posición.
También se dice en el dictamen que se vulneran las competencias de la Generalitat en materia de trabajo y relaciones laborales previstas en el Estatuto con las disposiciones transitorias séptima y octava del real decreto, referidas a la atribución al Servicio Público de Empleo Estatal de las funciones ejecutivas en validación de contenidos formativos y de autorización de centros de formación.
