Otra alternativa

Es imposible no estar de acuerdo con el presidente del Gobierno cuando afirma que la alternativa de la intervención del país es "infinitamente peor" que la que representan los Presupuestos Generales del Estado aprobados el viernes de la semana pasada en Consejo de Ministros y presentados en el Congreso de los Diputados el martes de esta. La intervención del país no es una alternativa. Es la renuncia a tener una alternativa propia. Y hay una gran diferencia entre tener una alternativa propia, aunque esté muy condicionada desde fuera, que carecer por completo de ella. En este mensaje el presidente del Gobierno tiene toda la razón.

Ahora bien, que la intervención no sea una alternativa, no quiere decir que los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Gobierno sean la única alternativa. Decir no a la intervención no tiene por qué suponer decir sí a los Presupuestos dados a conocer en detalle esta semana, como ha venido a decir Mariano Rajoy en Antequera el miércoles. La propuesta del PP es una alternativa, pero no es la única.

Ciertamente la alternativa del PP dispone de una mayoría absoluta en las Cortes Generales y, en consecuencia, puede ser aprobada tal cual ha sido presentada, de la misma manera que fue convalidado en el Congreso de los Diputados el real decreto ley mediante el que se instrumentó la reforma laboral.

El Gobierno puede hacer uso de esta opción y no tomar en consideración ninguna de las alternativas que puedan formularse en la tramitación parlamentaria de dichos Presupuestos. Jurídicamente no se le podría hacer ningún reproche.

Sería imprudente que lo hiciera. Si algo deben haberle enseñado estos primeros 100 días de gobierno al PP es que la mayoría parlamentaria es condición necesaria pero no suficiente para generar confianza en la acción de Gobierno. Ni dentro ni fuera. Ahí están los resultados electorales de Asturias y Andalucía y el desarrollo de la huelga general y de las manifestaciones en prácticamente todo el país contra la reforma laboral. Y ahí está el aumento de la prima de riesgo, la dificultad de colocar la emisión de deuda o la caída de la Bolsa.

La alternativa a la intervención tiene que ser apoyada, si no unánimemente, sí de manera muy mayoritaria por el conjunto del país. Ningún partido político, por mucha que sea su mayoría parlamentaria, puede imponerla. Y menos en un país políticamente descentralizado.

Además de los partidos políticos y sindicatos y organizaciones empresariales, es preciso que las comunidades autónomas en cuanto tales participen en la definición de la alternativa y en la distribución de los costes de la misma. En una situación tan límite como la que estamos la alternativa tiene que ser percibida como equitativa. De lo contrario, fracasará.

En una propuesta en esta dirección es en la que, en mi opinión, tienen que empezar a trabajar las direcciones del PSOE e IU en Andalucía. Andalucía tiene que renovar la propuesta que ya hizo José Antonio Griñán en la pasada legislatura de la convocatoria de una Conferencia de Presidentes para debatir cómo se hace el ajuste entre todos para evitar la intervención. PSOE e IU deben pactar entre ellos cuál sería la propuesta de Andalucía y después formalizarla.

El Senado sería el órgano constitucional a través del cual se debería canalizar la operación de que todas las comunidades autónomas participaran y se corresponsabilizaran en condiciones de igualdad en la definición de una alternativa para evitar la intervención. Puesto que el Senado no puede hacer esta operación, hay que buscar otro instrumento. La Conferencia de Presidentes parece el más apropiado.