Ortiz denuncia a Banca Cívica por supuesto uso ilícito de su marca
El empresario alicantino es dueño de la empresa Grupo Cívica Pide una indemnización multimillonaria
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada ha admitido a trámite una demanda presentada por el constructor alicantino Enrique Ortiz, dueño de la empresa "Grupo Cívica", contra Banca Cívica por supuesto empleo ilícito de su marca. Según ha informado el bufete Francisco Ruiz Marco, representación legal de Ortiz, el constructor solicita una indemnización "multimillonaria" equivalente al 1% del negocio inmobiliario de los últimos años realizados bajo esta marca "indebida". De esta manera, la demanda admitida a trámite por el juzgado granadino, con fecha del pasado febrero, pide declarar nulas varias marcas que usan el vocablo "cívica".
Un portavoz de Banca Cívica indicó que la entidad no está de acuerdo con los planteamientos de la demanda y, sin querer entrar en detalles, ha afirmado que defenderá sus planteamientos ante el tribunal correspondiente. Según el abogado Ruiz Marco, el origen del conflicto se remonta a antes de la fusión fría entre Caja Navarra (CAN), Cajasol, Caja Canarias y Caja Burgos, que dio lugar a Banca Cívica, concretamente a cuando CAN comenzó a utilizar el término "cívica" para distintos negocios de la caja, pese a que esa marca había sido registrada legalmente antes por el promotor alicantino.
CAN y Grupo Cívica llegaron a un acuerdo por el que Ortiz recibió una suma económica a cambio de permitir a partir de entonces usar la palabra a la caja navarra para "algunos productos financieros", como cuentas, y siempre que no estuvieran relacionados con la construcción y la promoción inmobiliaria, según el abogado. Sin embargo, desde el Grupo Cívica se considera que esto no se cumplió y CAN continuó utilizando la marca para diversas promociones inmobiliarias.
El constructor Ortiz, máximo accionista del Hércules de fútbol, es uno de los imputados en varias piezas separadas de la operación Brugal, concretamente la que investiga supuestas ilegalidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante y las presuntas irregularidades en la adjudicación del plan zonal de residuos de la comarca de la Vega Baja.
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