La juez Alaya niega la libertad del ex director general de Empleo
La instructora del caso de los ERE adelanta 24 horas la declaración del exconsejero Antonio Fernández
La juez que investiga el caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha rechazado la petición de libertad del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, encarcelado desde el 9 de marzo, y ha pedido a la Agencia Tributaria más datos sobre las empresas de su chófer, también en prisión.
La juez de instrucción número seis, en un auto, ha acordado además adelantar un día, del 19 al 18 de abril, la declaración como imputado de Antonio Fernández, exconsejero de Empleo de la Junta, según informaron fuentes de la investigación a la agencia Efe.
La juez ha rechazado la petición de libertad de Guerrero, director general de Trabajo entre 1999 y 2008, que el pasado 9 de enero se convirtió en el primero del medio centenar de imputados por los ERE que ingresa en prisión.
La juez Mercedes Alaya estimó, en el auto de prisión, que fueron 617 las ayudas sociolaborales y 270 las ayudas directas a empresas otorgadas fraudulentamente, con lo que se "permitió el enriquecimiento injusto de unos pocos en detrimento del resto de los ciudadanos de la comunidad autónoma andaluza".
Su abogado pidió la libertad porque el ex director general "lo contó todo" en su declaración de tres días ante la juez, y no puede huir de la justicia pues tiene arraigo familiar en Sevilla, con una hija de corta edad, y ha pedido su reingreso como funcionario de la Junta.
La juez acordó prisión sin fianza contra Guerrero después de que el fiscal alegase que la pena que podría corresponderle sería superior a los 18 años de cárcel.
Por otra parte, Alaya accede a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y requiere a la Agencia Tributaria más datos sobre las empresas y cuentas bancarias de Juan Francisco Trujillo, el chófer de Guerrero que el pasado día 20 se convirtió en el segundo encarcelado por los ERE.
La Fiscalía solicitó datos sobre las cuentan bancarias de Trujillo y los rendimientos de sus empresas, ya que la Agencia Tributaria solo ha indagado en esos datos referidos a los años 2004 y 2005, cuando obtuvo las ayudas investigadas por importe de 900.000 euros.
Trujillo fue encarcelado después de una declaración de ocho horas en la que aseguró que llegó a gastarse 25.000 euros mensuales de las ayudas oficiales en cocaína para él mismo y su jefe.
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