Con unidad sindical, huelga total

Los trabajadores vascos dejaron ayer muy claro que no se resignan a aceptar sin respuesta la reforma laboral de Mariano Rajoy. En una movilización de una proporción desconocida en más de una década, alzaron su voz de manera prácticamente unánime en contra del recorte de derechos, y pese a la división sindical, la mayoría de los trabajadores unieron sus fuerzas en la calle para mejorar la efectividad de los piquetes y forzar el cierre de las pocas empresas que amanecieron abiertas.

En una demostración de fuerza, el respaldo al 29-M en el sector privado se situó entre el 60% y el 70%, según el Gobierno vasco. Cuando las centrales nacionalistas y CC OO llamaron por separado al paro el 29 de junio de 2010 contra la reforma laboral del anterior presidente, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, —la huelga más contundente de la última década— el Ejecutivo limitó a un 22% su seguimiento en el sector privado, y al 8% en el ámbito de la Administración. Ayer cifró en el 71,9% el del sector público.

Miles de personas secundaron las manifestaciones en las tres capitales

Aun con las críticas a la actuación de los piquetes, las patronales, que en ocasiones anteriores habían hablado de "rotundo fracaso", reconocieron seguimientos por encima del 60% en términos generales. Confebask consideró el respaldo "inferior al esperado" y situó su principal incidencia en la industria, con un 60% en Álava y en Gipuzkoa y un 60,4% en Bizkaia, mientras que fue "muy escasa" en el sector Servicios. Similares cifras aportaron, entre críticas a los convocantes, las tres patronales provinciales

Era la primera huelga general en 13 años en la que los cuatro principales sindicatos coincidían en el mismo día, y esa comunión, excepcional y que apenas si duró 24 horas, la convirtió en la más efectiva desde las grandes movilizaciones de los años ochenta y noventa cuando el tejido industrial vasco se descomponía con un paro superior al 24%. Un hecho que para el secretario general en Euskadi de CC OO, Unai Sordo, debiera de provocar una reflexión en la mayoría sindical: “Es una huelga histórica sin precedentes desde 1988, alguno tendrá que tomar nota”, dijo en referencia a ELA.

Los trabajadores salieron de forma masiva a la calle más allá de sus ideologías o pertenencia a una organización, para deplorar unos recortes laborales que les “han hecho más pobres” y que les convierten en “paganos” de una situación que no han provocado, recordaron los dirigentes sindicales. Miles de personas secundaron las manifestaciones que CC OO y UGT, por un lado y las centrales abertzales, por otro, convocaron en las tres capitales.

El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, pidió a los políticos que, en una “acción de soberanía social, se rebelen ante el saqueo, y no apliquen los recortes”. En Euskadi la tasa de paro es del 12,1%, la mitad que hace 25 años, pero el número de desempleados supera los 156.000 —y sigue en aumento, según las últimas previsiones del Gobierno vasco—; ya hay más de 56.000 perceptores de ayudas sociales y las perspectivas no mejoran. Pero además Euskadi está a las puertas de la segunda recesión en cuatro años —desde 2008, aunque menos profunda que aquella— y la única buena noticia económica es que las exportaciones han logrado marcas históricas. Para los trabajadores apenas si hay brotes verdes.

El enfado y las dimensiones de la apuesta sindical provocaron también el mayor número de incidentes de los últimos años, diez trabajadores fueron detenidos, diez acabaron imputados, y hubo cinco heridos.

El secretario general de UGT-Euskadi, Dámaso Casado, declaró, frente a las puertas del Parlamento, que la frustración que evidencia este paro demostrará al Gobierno de Mariano Rajoy que “debe dar marcha atrás”.

La lucha del Gobierno central por controlar el déficit público ha desencadenado una reforma que abarata el despido, reduce la capacidad de los sindicatos para negociar las condiciones de las pequeñas empresas a través de convenios sectoriales o provinciales —prevalece la negociación en las empresas— y facilita a los empresarios la toma de decisiones críticas como EREs y despidos, sin necesitar autorización gubernamental previa ni acuerdo social. Un acuerdo que para los sindicatos dinamita la negociación colectiva como una vía social de redistribución de las rentas.

La secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, criticó lo que denominó “Botinocracia”. “Todos los gobiernos han hecho lo mismo, legislar al servicio de los empresarios para que nos sigan robando de forma legal” arengó a sus afiliados y simpatizantes.