Pacheco, imputado por la venta de la antigua estación de autobuses

Al exalcalde de Jerez Pedro Pacheco se le multiplican los frentes judiciales. El histórico líder andalucista ha declarado este jueves en los juzgados en calidad de imputado por la venta de más de 4.000 metros cuadrados de terrenos a un empresario afín sin concurso público ni publicidad. Es la denuncia presentada en junio de 2010 por la Fiscalía Anticorrupción, desde donde sospechan que la transacción esconde un pelotazo urbanístico.

El edil firmó el 1 de marzo de 2006 como delegado de Urbanismo la venta de la antigua estación de autobuses a una empresa controlada por el empresario José Luis López, más conocido como El Turronero, amigo del exalcalde y uno de los operadores de suelo más importantes de Jerez. Pacheco debe responder ahora de la presunta comisión de los delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencia. Anticorrupción cree que José Luis López estaba detrás de las tres empresas que presentaron ofertas para hacerse con el inmueble.

La operación pudo ser redonda. El Ayuntamiento vendió los terrenos a la firma Ingeniería Jienense, empresa ficticia según la fiscalía, por 2,7 millones de euros pese a que el valor de mercado llegaba a los 4,4 millones. En poco tiempo, el suelo volvió a cambiar de manos, pero a un precio bastante más elevado. El exalcalde Pacheco ha defendido su inocencia ante el juez al asegurar que la venta se hizo “siguiendo los cauces legales” y “sin advertencia alguna de irregularidad”. El líder de Foro Ciudadano y actual concejal del Ayuntamiento de Jerez ha negado además su vinculación con El Turronero. “En aquella época no era amigo suyo. Ahora sí lo soy”, detalló el edil tras denunciar “una situación kafkiana” por este caso.

Anticorrupción también ha pedido para Pacheco 20 años de cárcel por colocar en sociedades municipales a dos compañeros de partido. Desde hace años la actividad política en Jerez está judicializada. El último caso que llega a los juzgados afecta al anterior gobierno municipal socialista. La fiscalía ha emitido una resolución en la que considera que la exalcaldesa Pilar Sánchez pudo cometer delitos de prevaricación y fraude de subvenciones por utilizar hasta 8,6 millones de euros de cuentas restringidas para el pago de las nóminas de la plantilla municipal.

Fue el actual gobierno municipal del Partido Popular quien denunció a la socialista Sánchez en fiscalía por el desfase de tesorería de esos 8,6 millones de euros que debían ser destinados a la construcción del proyecto arquitectónico de la Ciudad del Flamenco y a obras del Plan E. El fiscal ha acordado trasladar el caso al juzgado, al que pide la incoación de diligencias previas. Desde el PSOE han explicado que el gobierno municipal socialista primó el pago de las nóminas a la plantilla “dentro de la absoluta legalidad” y haciendo valer “el principio de caja única que establece la Ley de Bases de Régimen Local”.