El plan de ajuste de Barberá reduce un 3% la bonificación de impuestos

El Ayuntamiento de Valencia hará un nuevo ajuste presupuestario para cumplir con las exigencias del Ministerio de Hacienda. El Consistorio devolverá los 181 millones de euros solicitados con cargo al programa del Gobierno de pago a proveedores con nuevos recortes.

El vicealcalde Alfonso Grau anunció este martes una batería de medidas. Por ejemplo, a partir de enero de 2013 se reducirá la bonificación del 5 al 2% por domiciliar el pago de los impuestos municipales. El Consistorio ingresará unos 5,3 millones de euros por año entre 2013 y 2022, periodo de amortización del crédito para proveedores, según información del Gobierno local. También mejorará la recaudación de los tributos, con lo que se optimizarán los ingresos en 2,2 millones en 2013, 5,2 millones en 2014 y 7,2 millones por año entre 2015 y 2022.

Se recortará el presupuesto de personal pero no habrá despidos. En 2012 se amortizarán las plazas vacantes por jubilación, con un ahorro de 2,8 millones de euros cada año. Las inversiones plurianuales se reprogramarán y algunas de las previstas en 2012 —por importe de 6,8 millones de euros— no se ejecutarán como estaba previsto en principio.

El gasto corriente sufrirá otro duro ajuste en 2012 y 2013, con un tijeretazo de 15 y 22 millones de euros, respectivamente. Las compras se realizarán por medio de un sistema centralizado para abaratar su coste y se reorganizan los gastos financieros de la deuda municipal. Se refinanciará en 2012 una operación de 17 millones de euros y se amortiza de forma anticipada el préstamo del ICO formalizado en 2011 por importe de 31 millones de euros.

El Consistorio prevé ingresar 5,3 millones al año por el recorte de los incentivos

“No se concertarán nuevas operaciones de endeudamiento entre 2013 y 2022”, recoge la documentación distribuida por el Gobierno local. El gasto anual en intereses será en 2013 de 10,9 millones de euros e irá reduciéndose hasta los 1,13 millones de euros en el último año de amortización.

La oposición salió en tromba contra el plan de ajuste y lamentó que el Ayuntamiento se vea intervenido por el Ministerio de Hacienda como si fuera “una Grecia cualquiera”. La mala gestión de Rita Barberá, denunció el concejal socialista Pedro Sánchez, “nos obliga a un plan de ajuste, al que no se han visto abocadas otras ciudades como Barcelona, Bilbao, Málaga, Vitoria o Pamplona”.

Sánchez lamentó que de nuevo sean los ciudadanos los que paguen los platos rotos, “con menos inversiones, menos bonificaciones y más impuestos”. “A pesar de lo que diga el PP, sí han subido los impuestos”, subrayó el concejal al referirse al aumento en un 10% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y la subida del billete del autobús o de los precios de la Fundación Deportiva Municipal. “El resto son buenas intenciones y poco más”, criticó Sánchez.

“Si son tan buenas, ¿por qué no se aplicaron antes?”, dice la oposición

Rosa Albert, edil de EU, insistió en que el plan de ajuste que ayer presentó Grau en la Comisión de Hacienda sin que la oposición tuviera tiempo de estudiarlo, prima los intereses de los bancos en detrimento de los servicios públicos municipales.

Albert consideró un error reducir la bonificación de los impuestos a los ciudadanos porque “lo único que se consigue es desincentivar el pago en un momento de crisis”. La edil manifestó su oposición a que el Gobierno local “abandone” la inversión pública en la ciudad.

El vicealcalde aseguró que el Consistorio financiará las inversiones con recursos propios, sin recurrir a la operación de préstamo de 20 millones que se tenía prevista e insistió en que las inversiones se harán. “No se tocará ni un solo céntimo de euro”.

La Comisión de Hacienda rechazó, por otro lado, el recurso de la Consejería de Hacienda de la Generalitat contra el pago de 2,5 millones de euros por el Impuesto de Construcciones (ICIO) del complejo administrativo 9 d’Octubre. Su titular, José Manuel Vela, pidió al Consistorio que le eximiera del pago del impuesto por ser un edificio de utilidad pública, pero el Consistorio lo ha rechazado. Al final, la Generalitat deberá abonarlo.

El grupo de EU hizo un somero repaso al cierre del ejercicio de 2011, del que se informó en comisión. Según Rosa Albert, el Ayuntamiento no generó el año pasado recursos suficientes para afrontar sus gastos, con el resultado de un 8% de déficit. La edil de EU lamentó además que el Gobierno de Barberá “apueste por los bancos” al anteponer las amortizaciones de deuda a la prestación de servicios públicos.

“A primera vista, el plan de ajuste que nos ha presentado hoy el vicealcalde es imposible de cumplir con la previsión de ingresos y gastos que tenemos”, concluyó la concejal de EU.

Los dos concejales de la oposición acabaron su análisis del plan de ajuste con la misma pregunta: “Si la mayoría de esas medidas son tan buenas y dan tan buen resultado, ¿por qué no las pusieron antes en práctica?”.

Que devuelvan el “dinero robado”

Compromís llamó este martes a los ciudadanos a que reclamen por el saqueo de Emarsa. Su portavoz en las Cortes Valencianas, Enric Morera, instó a los vecinos afectados —de la capital y su área metropolitana— a que soliciten a la Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) la devolución del sobrecoste del canon, que este partido atribuye al “dinero robado” en Emarsa.

El partido calcula que unos 50.000 ciudadanos pueden rellenar la instancia —en la web de Compromís— y registrarla en los Ayuntamientos de Valencia y el área metropolitana. El retorno, según Compromís, rondaría los 25 euros por demandante, siempre que el proceso penal en curso permita recuperar parte del presupuesto saqueado. “Un 15 o un 20% de lo que se ha pagado en el recibo del agua” correspondería al sobrecoste calculado por esta formación.

La iniciativa, explicó Morera, que compareció con el diputado provincial Emili Altur y los concejales de Valencia Joan Ribó, Consol Castillo y Pilar Soriano, surge en protesta por la “farsa” de la comisión de investigación de Emarsa en las Cortes.

Ribó recordó que en el saqueo de Emarsa hay responsables políticos y apuntó hacia la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por su relación con personas que han dirigido Emarsa. El edil de Compromís lamentó que el PP haya salvado a Barberá de declarar en la comisión de investigación.

Morera criticó que “unos gobernantes insolventes” se hayan gastado el dinero de todos en “pisos, chalés, coches de lujo y barcos”. E incluso ha sugerido la posibilidad de celebrar una asamblea ciudadana a las puertas del Ayuntamiento.

El vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, del PP, respondió que el único legitimado para reclamar la devolución del dinero de Emarsa es la Emshi.