Las quejas al Ararteko en 2011 por las ayudas sociales se disparan un 320%

La crisis y su consecuencia individual más dramática, la pérdida del empleo, habrá casi doblado, desde su inicio en 2008 hasta este verano, el número de personas dependientes de las ayudas sociales. Las 32.000 que las recibían hace cuatro años son hoy 57.000 y el ararteko, Iñigo Lamarca, prevé que lleguen a 60.000 en breve.

Lamarca entregó ayer en el Parlamento el informe anual de la institución, que arroja un balance preocupante, evidenciado en la multiplicación del número de quejas ligadas a esa cuestión. En 2011 fueron 329, un 320% más que el año anterior, aunque Lamarca resaltó que se trata de un número pequeño en relación con los miles de perceptores de las ayudas. Hasta ahora eran las Diputaciones las interpeladas por esas quejas, pero Lamarca advirtió de que el año próximo será el Gobierno el emplazado, al radicar ahora su gestión en Lanbide, como medio de asegurar que los perceptores se activan en la búsqueda de empleo y no se cronifican en la dependencia de las ayudas.

El incremento en la necesidad social de esas ayudas, provocado por el deterioro económico, coincide con la disminución de los ingresos públicos por el descenso de la recaudación fiscal —que ha determinado un recorte del 7% en la cuantía de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI)— y con el endurecimiento de los requisitos para acceder tanto a esta como a las ayudas para el alquiler de vivienda o las de emergencia. La elevación a tres años de la exigencia de empadronamiento para adquirir el derecho es la que más repercusión ha tenido.

Lamarca alerta

Lamarca rehusó juzgar si el Gobierno debió mantener las condiciones anteriores — “las cambió una ley del Parlamento”, recordó para amparar su silencio— , pero sí consideró “evidente” que se ha producido un retroceso en las coberturas justo cuando hay más personas necesitadas.

El ararteko alertó sobre el aumento de la exclusión social. Cuanto más se endurecen las condiciones, “más crece la bolsa de personas que no las cumplen” y, al quedar sin derecho a las ayudas, crece el número de personas sin techo ni comida. Estas están derivando hacia organismos como Cáritas y otras ONG, que certifican el crecimiento incesante de las personas que acuden en busca de ayuda. Incrementar el apoyo económico público a esas organizaciones, sugirió Lamarca, sería un modo de paliar ese deslizamiento al deterioro social.

La portavoz del Gobierno, Idoia Mendia, recogió este guante, al ser preguntada sobre la cuestión en su comparecencia semanal tras la reunión del Ejecutivo y dejó la puerta abierta a una reunión con los responsables de Asuntos Sociales. Mendia reivindicó a la vez como “ímprobo” el esfuerzo que el Gobierno socialista está realizando para mantener el elevado índice vasco de protección social, y ello “pese a las muchísimas dificultades de todas las administraciones pública”, dijo. “Nunca en la historia de Euskadi, ni en etapas con más pobreza y más paro que ahora, se había invertido tanto en gasto social”. Tampoco hubo antes “tantos perceptores de unas ayudas que de media alcanzan los 600 0 700 esos”. Mendia resaltó que todas las instancias del Gobierno han sacrificado recursos “para dar cauce a esas partidas sociales”.

Lamarca puso en valor “la voluntad” de las administraciones y atribuyó a su “preocupación por dar las ayudas a quienes realmente las necesitan” el aumento en el “rigor” que aplican. En ocasiones, censuró, se han retirado temporalmente, o extinguido ayudas —hasta con reclamación de devolver hasta 20.000 euros, precisó— ante “simples indicios de irregularidad”.

También criticó que la administración no acompañe de la suficiente información las decisiones con repercusión tan grave, ni dé oportunidad de hacer alegaciones previas a los afectados. Además de ese mayor “rigor” por la escasez de recursos, Lamarca asoció en parte los fallos al tránsito de las Diputaciones al Gobierno de estas funciones y desea que el sistema esté “asentado” este verano.