Los servicios sociales valencianos son los más atrasados de España

La red de servicios sociales de la Comunidad Valenciana es la peor de España. De 0 a 10, la nota de desarrollo de estos recursos asistenciales no llega ni al 1: se queda en un paupérrimo 0,8. Este es el contundente resultado que arroja una evaluación realizada por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que se presentó ayer. “La Comunidad Valenciana se encuentra en el lugar más atrasado en materia de servicios sociales de España, que es como decir en el lugar más atrasado de Europa”, sentencia el documento. “Y a una gran distancia de comunidades que evidencian mejores resultados”, añade. En el extremo opuesto, Castilla y León es la comunidad autónoma con mejores resultados (con una puntuación de 6,9 sobre 10), seguida por el País Vasco y La Rioja (ambas con 6,7).

La evaluación del grado de madurez de los servicios sociales de las distintas autonomías se ha elaborado a partir de tres parámetros: los derechos de los ciudadanos (2 puntos), la inversión económica (3 puntos) y la cobertura asistencial (5 puntos). El indicador resultante de estos factores se ha denominado índice DEC (derechos, economía, cobertura).

De las deficiencias y la debilidad de la red de atención social valenciana solo se salva un aspecto: el referido a los acogimientos de menores en familias, que suponen el 71% del total frente a la media estatal, situada en un 63,5%. El resto de cuestiones relacionadas con la cobertura asistencial arroja resultados negativos.

“La única recomendación posible es un cambio de política”

La dotación de los servicios sociales de ámbito municipal es uno de los pilares fundamentales de los servicios sociales, debido a su proximidad y su conocimiento de la situación personal de los beneficiarios. El informe destaca la “fragilidad” de este tipo de estructuras ya que hay un trabajador social por cada 6.537 habitantes, frente a los 3.858 de media estatal.

El estudio también incide en una cuestión que ya han denunciado repetidamente las plataformas en defensa de la aplicación de la Ley de la Dependencia, y que subraya que la Comunidad Valenciana tiene mucho camino que recorrer en esta parcela. No solo porque el porcentaje de personas con prestaciones es solo del 0,86% de la población, frente al 1,59% de todas las autonomías. También por el elevado número de personas con derecho a recibir este tipo de ayudas que no las percibe, las situadas en el llamado “limbo de la dependencia”.

El resto de prestaciones que analiza el informe no mejoran el escenario descrito hasta el momento. Existe una “escasa cobertura de plazas asistenciales para personas mayores de 65 años”, hay una “baja cobertura y baja intensidad del servicio de ayuda a domicilio” y un “insuficiente número de plazas residenciales para personas sin hogar”.

Sobre discapacidad o protección de mujeres víctimas de violencia de género “no existen datos oficiales”, por lo que “la Comunidad Valenciana no puntúa en los correspondientes indicadores”. La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, además, califica de “absolutamente lamentable” que la Generalitat se niegue a facilitar información estadística básica requerida por esta entidad para la elaboración de su trabajo.

No obstante, en una nota de prensa, la Generalitat señaló que el informe presentado ayer “carece de credibilidad” y señaló que su autor “no es ningún organismo autorizado”.

En materia de derechos, otro de los tres factores descritos del informe DEC, la Comunidad Valenciana “evidencia la falta de un marco normativo que garantice derechos ciudadanos en materia de servicios sociales”. En el apartado de relevancia económica, la tercera variable analizada, la situación es “claramente deficiente” con sus tres indicadores por debajo de la media estatal: gasto por habitante en materia de servicios sociales, porcentaje del PIB destinado a estos recursos y a asistencia social respecto al total de gasto de la Generalitat.

“La única recomendación posible [a la Comunidad Valenciana] es un cambio radical en su política en materia de servicios sociales”, concluye el informe.