Historia de dos indultos

“El indulto total se otorgará a los penados tan solo en el caso de existir a su favor razones de justicia, equidad o utilidad pública, a juicio del tribunal sentenciador”. Tan fácil resulta entender esta frase, que corresponde al artículo 11 de la ley que regula el indulto en España, como difícil se hace comprender por qué el Gobierno del PP ha indultado a un ex alto cargo de la Generalitat y a un empresario, ambos de Unió Democràtica de Cataluña, pese a que el tribunal que los condenó y el fiscal del caso se opusieron por completo.

La medida de gracia pone fin a una historia iniciada en mayo de 2010, cuando se presentó la petición de indulto y cuyo desenlace no se entiende sin la actual coyuntura política, en la que CiU se alía con el PP en el Congreso para maquillar el efecto apisonadora de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy y los populares hacen lo propio en Cataluña para que Artur Mas pueda gobernar.

La fiscalía pidió ingreso en prisión “a los fines de prevención general”

Las fechas, además, resultan muy coincidentes, como para desterrar la sospecha de que el líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, no medió ante el Gobierno para que indultara a Josep Maria Servitje, ex secretario general del Departamento de Trabajo, y Víctor Manuel Lorenzo Acuña, el administrador de las empresas que facturaron 46.158 euros por ocho informes jurídicos inútiles y que se copiaron de otros textos.

El pasado 7 de febrero Duran se reunió con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Era la segunda vez que lo hacían y oficialmente se dijo que era para buscar un acuerdo ante la reforma laboral que CiU acabó apoyando en el Congreso. Es muy probable que se hablara de algo más. Y 10 días después, el Consejo de Ministros aprobó los indultos, aunque la medida no trascendió hasta el 13 de marzo, cuando se publicó en el BOE.

Servijte recibió un cúmulo de apoyos, pero nadie dio la cara por Acuña

Dice el decreto de los indultos que el Gobierno “ha considerado los informes del tribunal sentenciador y del ministerio fiscal”. Dicho así, podría entenderse que los jueces y la fiscalía estaban de acuerdo con la medida de gracia, pero nada más lejos de la realidad. El 7 de febrero de 2011, la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona que condenó a Servitje a cuatro años y medio de cárcel y a Acuña a dos años y tres meses, emitió un escrito de unas líneas tan comprensibles como el artículo 11 de la ley de indulto. El tribunal dice en mayúsculas y negrita: “informa en sentido desfavorable” a la medida “atendida la especial gravedad de los hechos por afectar al erario público y no siendo de apreciar razones de justicia o utilidad pública”. En el caso de Acuña, incluso va más allá y añaden que se oponen también al indulto parcial, pues ya había sido condenado por hechos similares a 13 meses de cárcel por el mismo tribunal, presidido por el magistrado José María Pijuan.

El fiscal del caso, Fernando Rodríguez Rey, lo vio de forma muy parecida. Su escrito de oposición rotunda al indulto razonaba que la medida “supone una quiebra del principio de legalidad penal y de separación de poderes”. Añade que las penas impuestas “no son en absoluto desproporcionadas ni excesivas” y que ambos deben ir a la cárcel “a los fines de prevención general y especial” porque los hechos son “significativamente graves y atentatorios a bienes jurídicos de especial importancia como son los caudales públicos, la probidad de las autoridades y funcionarios, el principio de legalidad administrativa y el correcto funcionamiento de las Administraciones públicas”.

Sin embargo, el Gobierno ha hecho oídos sordos y ha indultado a los dos acusados de corrupción, que es así como se dice en lenguaje inteligible los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

La condena se dictó el 30 de marzo de 2009, el Tribunal Supremo la confirmó el 4 de marzo de 2010 y dos meses después, el Ministerio de Justicia ya tenía las peticiones. En el caso de Servitje, lo pidió formalmente su esposa y la apoyaron decenas de personas encabezadas por Jordi Pujol. Duran Lleida dice que también firmaron sindicalistas y empresarios, pero los abogados de Servitje se han negado a desvelar esos nombres. En el caso de Acuña no hubo el mismo apoyo, más allá de la petición de su abogado, Rafael Entrena. En su opinión, el indulto “no tiene nada de escandaloso” y está “más que justificado” porque su cliente ha devuelto todo el dinero, no se trata de cantidades importantes y los hechos ocurrieron 15 años antes de juzgarse.