La trama medió en la Xunta por una ayuda millonaria a una multinacional

Proitec, una de las empresas implicadas en el fraude de subvenciones del caso Campeón, negociaba al mismo tiempo con los imputados del Igape el crédito para Jorge Dorribo, cerebro de la trama, y una subvención mucho mayor para la multinacional francesa Lactalis, que, según revelan los pinchazos telefónicos del sumario, se había apoyado en la asesoría lucense para ampliar su planta de Vilalba. La láctea aspiraba a conseguir que la Xunta le financiase el 30% de la obra, presupuestada en 30 millonesde euros, según declaró a la juez el imputado Carlos Silva, exsubdirector del Igape. Proitec batallaba, por tanto, para obtenerles una ayuda de nueve millones, algo nunca visto antes en la historia del instituto de crédito. Pero surgieron dificultades, y entonces Proitec, como tantas veces, recurrió al exdiputado del PP Pablo Cobián, que debía “limar asperezas” con el conselleiro de Medio Rural y lograr una cita con Feijóo.

Durante la tramitación del negocio lácteo, para lo que en una ocasión, según declaraciones judiciales, llegaron a viajar 10 personas desde Francia, surgieron escollos. En toda su historia, el Igape jamás había cubierto un porcentaje tan alto de un proyecto industrial como el que pretendían obtener de la Xunta la multinacional gala y, además, la consellería que entonces dirigía Samuel Juárez les marcaba unas condiciones que los inversores no estaban dispuestos a aceptar. Esto es lo que se desprende, sobre todo, de una conversación grabada el 3 de febrero de 2011. A un lado de la línea están Carlos Monjero, socio de Proitec, y Pablo Cobián, el exdiputado popular que ejercía de conseguidor en la Xunta para esta empresa de Lugo. A la otra vera del teléfono, respondía el ahora exdirector del Igape, Joaquín Varela.

“Buena gente esta, ¿eh? Yo no tengo que decirte nada más que sé que los vas a tratar de puta madre”, le decía hablando de los de Lactalis Cobián a Varela. “Ahí tenemos un pequeño problema, pero bueno, estamos viendo cómo solucionarlo”, le explicaba a continuación Varela a Cobián. Y luego pasaba a detallarle las dificultades. Primero, que la multinacional pedía que se le financiase un 30% del proyecto (y “un 30 no se lo hemos dado a nadie”, apostillaba Varela). Y segundo, que Medio Rural imponía a todas las empresas del sector con ayudas de la consellería que comprasen el 50% de la leche a través de contratos homologados con los productores. Varela temía tener un “cristo con el sector de tres pares de narices” si no se cumplía este último requisito y trascendía la noticia: “Como se enteren de que el Igape ha dado una subvención sin ese requisito, nos montan un pifostio”, le decía Varela a Cobián. De hecho, sobre la mesa explicaba que tenía un embrollo parecido, ya ejecutado y que había que solucionar (en referencia a la subvención a Leite Río que ahora la Xunta ha obligado a devolver a Jesús Lence por no cumplir con la citada cláusula). “Estamos viendo cómo, si nosotros podemos hacerlo y cómo podemos hacerlo”, terminaba tranquilizando a su interlocutor el responsable del Igape.

La juez investiga si el exsubdirector del Igape recibió regalos a cambio

El propio Carlos Silva, el exsubdirector imputado del instituto de crédito de la Xunta, le explicó a la juez en el primer interrogatorio, que el proyecto de Lactalis era muy importante, “de 30 millones de euros” y “120 puestos de trabajo”, y que se lo tomó “en serio”. También le contó que “los franceses tenían mucha prisa”, que visitó la planta de Vilalba y hubo alguna comida a la que también asistió Varela. De las conversaciones se puede extraer que alguna de esas citas tuvo lugar en el hotel Puerta del Camino, próximo al Igape, en el que sus directivos también se habían visto con Dorribo y Cobián.

Carlos Silva, entre finales de 2010 y los primeros meses de 2011, se volcó con la multinacional: “Durante dos años solamente llegan quejas y protestas y, cuando llega un proyecto, casi te alegra y te ilusiona”, reconoció a la juez que instruye el caso Campeón. “Lactalis no es cualquiera”, hay que tenerlos “un poco en palmitas”, seguía justificándose, “pues es que son franceses”. La juez investiga ahora si el excargo del Igape recibió dinero o algún regalo a cambio de “añadir” documentación para “mejorar” la propuesta de Lactalis por parte de Proitec.

Según una declaración en el juzgado del otro socio de la asesoría, Javier Rodríguez, los inversores llegaron a reunirse con el conselleiro de Medio Rural, aunque las conversaciones revelan una y otra vez la resistencia que opuso Samuel Juárez a reunirse con los franceses, a los que, según Cobián, no podía ver. Y a pesar de que la empresa con fábrica en Vilalba recibió “una carta del Igape diciendo que no era subvencionable” su proyecto, reconoció Monjero que hubo más reuniones con Silva, con la funcionaria imputada Cristina Quintela y con el representante de Lactalis para las inversiones en toda Europa.

Tres días después de la conversación mantenida entre Monjero, Cobián y Varela, se produjo otra entre Monjero y un funcionario de la Xunta no identificado por los agentes. Esa persona, se entiende que un directivo del Igape, por esta y otras charlas pinchadas más adelante, le informó al socio de Proitec cómo iba el tema. Doce días más tarde, tras una reunión en el edificio del Igape en San Lázaro, Monjero le contaba a Javier Rodríguez que lo de Lactalis iba “a salir”, que Silva se encargaba de “hacerla él” [se sobreentiende que la gestión], pero eso sí, que el Igape no le iba a dar a Lactalis “más de un 18%” (es decir, 5,4 millones, todavía mucho más de lo que se había llevado Dorribo.

Durante la negociación, Proitec descubrió que los “zorros” de los “gabachos” habían recurrido a la asesoría lucense para acercarse a la Xunta porque Samuel Juárez, el entonces conselleiro de Medio Rural, no quería tratar con ellos. Estaba todavía fresca la polémica surgida en Galicia por la venta, en 2010, de la planta de Puleva en Nadela a Lactalis. Tanto los sindicatos agrarios como Juárez se habían opuesto a esa operación, cuando había “mejores postores” en España (CLAS y Pascual). El conselleiro consideró la venta como una “mala noticia”. Entonces, Proitec recurrió a Cobián. Para desatascar el proyecto en el Igape los franceses exigían, “sea como sea” y con urgencia (las citas tenían que celebrarse entre fin de año de 2010 y los últimos días de enero de 2011), una reunión con Juárez y otra con Feijóo, a la que asistiría el director general de Lactalis en Francia. El exdiputado popular, según los últimos tomos del sumario entregados por el juzgado a los letrados, intervino para “limar asperezas”, para que Juárez no “torpedease” la gran operación.

La trama también quería arreglar un asunto urbanístico con Hernández

Además, como la planta proyectada superaba con creces las dimensiones que permitían las normas urbanísticas de Vilalba y el aparejador municipal oponía resistencia (tenía “miedo”, decían), Proitec se comprometió con los jefes de Lactalis a arreglarlo con el conselleiro de Medio Ambiente, Infraestruturas e Territorio, Agustín Hernández. “¿Tú tienes de mano a ese señor?”, le preguntaba en diciembre de 2010 un jefe de la multinacional a Javier Rodríguez, y este le respondía que sí, que eso se arreglaba “sin más”. Era un paso imprescindible antes de ver al presidente: “Cuando vayamos a hablar con Feijóo, pues que esté todo bien... Podemos hablar en total libertad, incluso”, comentaba “Daniel”, supuestamente Daniel Fuhrer, anterior responsable de la planta de Vilalba. “Creo que es mejor porque así nadie se lleva el susto”.