Solo se cobra al contado

Los partidos no logran ponerse de acuerdo sobre regular o prohibir la prostitución en España. En 2007 y en 2009, el Congreso debatió y rechazó regular la prostitución como un trabajo. El fenómeno, se dijo entonces, es tan complejo que lo mejor es concentrarse en la más grave de sus manifestaciones: la trata de mujeres.

Este argumento choca, para algunos, con la corriente que reclama tratar el problema desde el punto de vista del orden público, con políticas municipales que prohíban el comercio de sexo en la calle.

En Cataluña el debate está abierto. Después de un intento —fallido— del tripartito de Pasqual Maragall de poner sobre la mesa un texto para regular la prostitución, ahora, con el Gobierno de CiU y de la mano del consejero Felip Puig, lo que se impulsa es todo lo contrario: multar el ejercicio en carreteras y, en general, en todos los espacios públicos. Hoy, las sanciones que se aplican con la ordenanza de civismo en Barcelona tienen un impacto más que discutible, especialmente a efectos recaudatorios.

En 2011, la Guardia Urbana impuso 627 multas a prostitutas y 566 a clientes, además de 140 a ambos por mantener relaciones en la calle. A la pregunta de cuántas se han cobrado, no se esconde que habitualmente son los clientes los que pagan las sanciones y lo hacen al contado. Por dos motivos: el descuento del 50% del importe por pronto pago y, sobre todo, evitar que la multa llegue a casa.