Vilanova reclama un millón por el suelo del aeropuerto de Castellón

El Ayuntamiento de Vilanova d’Alcolea ha presentado un contencioso-administrativo para reclamar a la Diputación de Castellón cerca de un millón de euros por las expropiaciones en 2002 de tres parcelas de 47.000 metros cuadrados para la construcción del aeropuerto. En aquella ocasión, el entonces alcalde del PP, José Manuel Rambla, firmó un acuerdo amistoso por el que cedió los terrenos por 57.400 euros sin aportar ningún informe. Las quejas de la oposición motivaron una primera demanda que fue rechazada por "extemporánea". Ahora, la Agrupació Vilanova Independent (AVI) ha vuelto a poner el problema sobre la mesa. En un pleno del pasado año declaró nulo el acuerdo firmado por el anterior alcalde y se estudió el valor de los terrenos. El Consell Jurídic Consultiu (CJC) les ha dado la razón al considerar que el alcalde no tenía competencias para firmar el acuerdo y que, además, requería una valoración técnica.

El teniente de alcalde de Vilanova, Joaquín Laborda, ha explicado que por esta razón se ha vuelto a demandar a la Diputación en un contencioso en el que reclama casi un millón de euros por los terrenos. En la demanda se recalca que la expropiación se hizo estimándolos como no urbanizables para la construcción de una infraestructura aeroportuaria y después se supo que “se iban a implantar zonas urbanizadas de uso enteramente privado como un hotel, un centro de convenciones, edificios de oficinas, etc.”. Es la segunda vez que el Ayuntamiento presenta en contencioso. En 2007 un juzgado de Castellón lo desestimó por “extemporáneo”. Según Laborda, fue porque el anterior alcalde presentó tarde los documentos. “Esto no quiere decir que la petición no se pueda volver a iniciar”, dijo.

Cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ya dio también la razón a la Diputación en el contencioso que presentaron los afectados por las expropiaciones de otras 542 hectáreas que reclamaban veinte millones más en lugar de los once pagados.

El presidente de la Diputación, Javier Moliner, manifestó ayer que cuando se pagó al Ayuntamiento se hizo “sabiendo qué proyecto iba” y apuntó que todas las decisiones se tomaron “en base a informes jurídicos favorables”. La demanda, continuó, “se enmarca dentro de todos los procesos donde hay expropiaciones, porque todos han acabado reclamando el justiprecio”.