Bonig y Bataller no saben interpretar el fallo que anula el PGOU de Castellón

Casi dos meses después de que el Ayuntamiento de Castellón recibiera la sentencia del Tribunal Supremo que ordenaba a ejecutar el anterior fallo de 2008 en el que se declaró nulo el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, ni el equipo de gobierno que encabeza el alcalde popular, Alfonso Bataller, ni la consejera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, saben cómo interpretarla.

La consejera evidenció el martes las dudas. “Es un tema muy, muy complicado jurídicamente”, dijo tras ser interpelada en las Cortes Valencianas por el diputado autonómico de EU Lluís Torró. Bonig avanzó que ya se han mantenido encuentros a dos bandas entre la consejería y el Ayuntamiento en los que han participado todos los técnicos municipales y de su departamento, la abogacía de la Generalitat y demás personas implicadas. “En estas reuniones, y con tantos técnicos expertos, no había unanimidad jurídica en la forma de interpretarlo”, dijo en relación al fallo del Supremo.

El fallo al que se refiere declaró nulo el PGOU del año 2000 por segunda vez. La primera fue en 2008 y en esa ocasión se optó por realizar “una ficción legal” que fue en realidad “un simulacro de cumplimiento”, tal y como ha recordado ahora el Supremo. Bonig negó en las Cortes que en aquella ocasión se optara por “subterfugios legales” para esquivar la ejecución que obligaba al Ayuntamiento a volver a exponer todo su planeamiento urbanístico. Sin embargo, no habló de cómo se va a realizar la ejecución de esta nueva sentencia. Por el momento, dijo, continúan las reuniones.

También en el Ayuntamiento hay dudas. El concejal de Urbanismo de Castellón, Miguel Ángel Mulet, reunió el martes a los grupos de la oposición para informar de los trámites que está realizando el Consistorio. Mulet indicó que tras el rechazo al recurso de nulidad presentado ante el Tribunal Supremo tan sólo queda un recurso de amparo ante el Constitucional que “de momento” se descarta.

Pero el edil de Urbanismo tampoco sabe cómo interpretar el fallo. A pesar de que el Tribunal Supremo haya reiterado que el PGOU del año 2000 es “radicalmente nulo”, Mulet explicó que están a la espera de una consulta elevada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana para que aclare si durante la ejecución de la sentencia el PGOU vigente para Castellón es el del año 2000 o el de 1984. El temor es que la ciudad vuelva a un plan urbanístico de hace 27 años. De ser así no se podría dar ninguna licencia para llevar a cabo obras que no estuvieran contempladas en el plan de 1984.