Políticas e instrumentos públicos

Uno de los objetivos del terrorismo —que inquieta y desazona a las víctimas en esta fase de desaparición, acompañada de vuelta de la izquierda abertzale a la vida institucional “tras décadas de apoyo o connivencia con ETA”— es “imponer un relato que justifique la trayectoria” de quien lo practicó. El mejor modo de impedirlo es tener una política pública de memoria y, como instrumento de aplicación, una institución que gestione el conjunto del patrimonio memorial de lucha democrática y de resistencia a la violencia en Euskadi, sea la terrorista o la de la dictadura. Este instrumento sería el Instituto de la Memoria (IdeMe). Articularía, propone el informe, instituciones, espacios y patrimonio, material o inmaterial, es decir, todo lo ya creado en Euskadi sobre el terrorismo, la guerra, la dictadura o los derechos humanos y civiles. Cometido principal sería “proyectar, definir y establecer la creación del Memorial de las Víctimas del Terrorismo”.

Lo que sobre este se detalla no es mucho, porque no se considera competencia de la comisión definirlo: se aconseja que su puesta en marcha sea “inmediata” y que se incorpore a esa red que articularía el IdeMe. También propone el cambio de nombre: de Centro por la Memoria, como lo cita la Ley de Víctimas, a Memorial de las Víctimas del Terrorismo (MVT), por su “mayor solemnidad” y porque lo homologa con instituciones similares.

El Memorial a las Víctimas tendrá identidad propia y diferenciada

El MVT, de ámbito español, a diferencia del IdeMe, que sería de alcance solo vasco, daría a conocer el fenómeno del terrorismo en todos sus niveles y vertientes, nacional e internacional. Es decir, incluiría desde ETA al GAL o desde Al Qaeda al Grapo o Terra Lluire. También recogería los esfuerzos para combatirlo y desautorizarlo. Se prevé una exposición estable, renovable parcial o totalmente; un auditorio y espacios para actividades complementarias. “La concepción del MVT, el proyecto definitivo, el plan director de su constitución y despliegue estará bajo la responsabilidad del Instituto de la Memoria, que diseñará y determinará los contenidos de la exposición estable”, propone. Pese a esa tutela, se afirma que el MVT tendrá “identidad propia, diferenciada y sin confusión”, así como su propia dirección y estatutos.

El informe sí detalla el Instituto. Aunque no se decanta por una sede, sí precisa incluso superficies necesarias y reparto de espacios públicos, de gestión, logística, etc... e incluye un Plan de Acciones Inmediatas (PAI) para visibilizarlo, usando espacios de otros organismos. Ese PAI incluiría un departamento de investigación y documentación —Servicio de Información y Documentación Integrada (SIDI) con un archivo sobre víctimas del terrorismo en Euskadi en su seno—; otro de educación —máster universitario sobre construcción de memoria colectiva, cursos de verano, Proyecto Trama de proyectos artísticos—; un tercero de realización de proyectos —exposición sobre Los años de plomo, museo virtual, colaboración con el Festival de cine de San Sebastián, Congreso de expertos— y un cuarto de comunicación y participación. Propone la fórmula de una Fundación y prevé un equipo de 15 personas. El informe no incluye un presupuesto, pero calcula que la financiación sería pública en un 75-85%. El resto provendría de ingresos propios y patrocinios. También habría un Comité Asesor, una Junta de Participación de organismos asociados y un Comité Asesor de Víctimas. El informe incluye un programa de despliegue entre 2012 y 2014, con un cronograma de actuaciones muy concretas.