PNV y PP habilitan a López para llevar la reforma fiscal a la Cámara

El debate sobre la reforma fiscal sigue abriéndose camino en Euskadi, paso a paso. Después de dos años en que el discurso del lehendakari, Patxi López, no ha tenido ningún eco ni en el PNV ni el PP, la minirreforma de las Diputaciones de 2011 y, sobre todo, la reforma fiscal del presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, han acabado por provocar un cambio de rumbo en el País Vasco.

El PNV y el PP habilitaron ayer al lehendakari Patxi López, a diseñar en los próximos meses una reforma fiscal que “garantice la suficiencia de los recursos públicos”a la vista de la situación de la economía y de la permanente caída de los ingresos tributarios. Un viraje, muy matizado, pero que devolverá al Parlamento vasco un debate sobre el ingreso en profundidad que hasta ahora se le había negado, pese a que el Gobierno vasco ejecuta el 70% del gasto de toda la comunidad con todos los servicios públicos esenciales. Ese acuerdo fue respaldado por todos los grupos de la cámara PSE-EE, EA, Ezker Anitza-IU, PNV, PP y UPyD, salvo Aralar que se abstuvo.

Aralar defendió una reforma que dé la competencia fiscal a la Cámara

La moción, no obstante, tenía un segundo punto que iba un poco más allá: “El Parlamento insta al Gobierno a hacer uso de sus competencias para aumentar los ingresos”. El PNV se abstuvo y el PP se opuso. El resto lo secundó. Ahí, los dos partidos con responsabilidades en las diputaciones de Bizkaia y Álava midieron más el sentido de su voto, pero incluso en ese caso el PNV permitió con su abstención que saliera adelante. Su portavoz, Javier Carro, fue el encargado de pedir al Ejecutivo que “coordine a sus tres hermanos pero en iguales condiciones”.

Aunque ninguna formación se comprometió a apoyar la reforma que diseñe el Ejecutivo, el acuerdo deja en evidencia que una vez aumentado el ingreso en el resto de España no tiene sentido negarse a una reforma en Euskadi y menos cuando la recaudación sigue deteriorándose. Desde el pasado mes de julio, cuando López intentó la primera reforma fiscal y presentó a los tres diputados generales su propuesta, el ingreso ha caído más, el déficit público se ha doblado hasta el 2,54%, y los reiterados recortes de gastos están dejando a la administración pública con muy poco margen de maniobra. El consumo asociado al impulso del sector público cayó en el último trimestre de 2011 un 3,4%.

El PP emplazó a López a que presente un reforma concreta

La Ley de Armonización Fiscal deja en manos del Parlamento el impulso y liderazgo de campañas de coordinación contra el fraude y permite legislar para evitar que la competencia foral en materia tributaria convierta a cada territorio en diferente a los otros dos, y por lo tanto perjudique a sus ciudadanos con diferentes obligaciones tributarias. Además, la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco deja abierta la posibilidad de que el Gobierno autonómico remita al Parlamento un proyecto para establecer recargos en determinados impuestos. Una vía que sólo se utilizó tras las inundaciones de 1983 en la cuenca del Nervión.

López propuso a los tres diputados en julio ahondar en la lucha conjunta contra el fraude fiscal, —el 20% del PIB—, y después en todo caso elevar la presión sobre las rentas altas en IRPF y Sociedades.

El parlamentario de Aralar Mikel Basabe defendió una reforma legal integral para que las competencias fiscales en Euskadi “sean del Parlamento” y los socialistas ahondaron en la necesidad de coordinar la lucha contra el fraude. El parlamentario del PSE Oscar Rodrígue, insistió en la necesidad de aprobar una reforma del modelo tributario para que éste sea “más justo”. Antón Damborenea, del PP, reprochó a los socialistas que se limiten a plantear de forma “etérea” la necesidad de una reforma fiscal. “Si está convencido de esa necesidad porqué no trae una propuesta concreta”, les requirió. Unos minutos después la ausencia de dos diputados, el lehendakari y el Comisionado de Convivencia, posibilitó que la oposición sacara adelante una propuesta para que el Gobierno dé marcha atrás en los recortes a los funcionarios, aunque en la práctica no tendrá efecto.