Aguirre plantea suprimir el Defensor del Menor de Madrid como medida de ahorro

La presidenta regional, Esperanza Aguirre, ha dado la sorpresa de la tarde en la Asamblea de Madrid al sugerir la supresión de la oficina del Defensor del Menor de la Comunidad y traspasar sus competencias, "de enorme importancia", a la Fiscalía como medida de ahorro para no tener que hacer recortes en otros servicios esenciales. Los costes que supone el mantenimiento del Defensor del Menor son de 2,7 millones de euros para 2012 frente a los 2,9 del año anterior.

Aguirre ha hecho esta propuesta durante la sesión de control al Gobierno en la Asamblea en respuesta a una pregunta de UPyD sobre cómo van a afectar los recortes en el presupuesto a los servicios esenciales. El portavoz de UPyD, Luis de Velasco, ha recordado que su grupo ya pidió hace tiempo la supresión del Defensor del Menor -el pasado mes de diciembre presentó una enmienda con esta propuesta al proyecto de Ley de Acompañamiento y otra respecto a los Presupuestos de 2012- y en ambos casos el PP la rechazó.

"Con todo nuestro respeto hacia el actual Defensor del Menor, consideramos que es una institución de la que se puede prescindir en la Comunidad, ya que existe el Defensor del Pueblo a nivel nacional. Nos alegra que las buenas ideas al final encuentren respuesta", ha esgrimido De Velasco. UPyD ha propuesto un ahorro de 14 millones de euros con la eliminación de varios organismos públicos de la Comunidad, como la Oficina de representación de la Comunidad de Madrid en Bruselas o la empresa INVICAM (Innovación y Vivienda de la región).

Preservar servicios esenciales

La presidenta ha subrayado que cuando la economía crece al 10% es fácil gobernar, "lo difícil es hacerlo cuando los ingresos disminuyen", y es entonces cuando "hay que demostrar capacidad, competencia, y también imaginación" para preservar los servicios esenciales. Como ejemplo, ha sugerido eliminar el cargo del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid -que ahora detenta Arturo Canalda- y encargar sus competencias a la Fiscalía.

La reacción de los partidos de izquierdas no se ha hecho esperar. La diputada del PSM Matilde Fernández calificó de "inaceptable" tanto la idea como la forma de presentarla, con la Cámara con la guardia baja. "Lamento que se sugiera suprimir el Defensor del Menor precisamente ahora, en plena crisis, cuando las distintas organizaciones de la infancia piden que se fortalezcan las instituciones que defienden los intereses y derechos de los niños... Además poco se va a poder ahorrar", ha remarcado Fernández. “Los informes que conocemos indican que como efecto de la crisis comienzan a aparecer casos de riesgo de exclusión de menores como consecuencia de la exclusión de sus familias”, ha apostillado la diputada socialista, que ha resumido los motivos por los que su grupo se opone a la desaparición del Defensor del Menor: "Porque no se debe suprimir sin haber dialogado con los grupos políticos, porque su coste no es demasiado elevado y porque el conjunto de las organizaciones que trabajan con la infancia están reclamando que se fortalezcan las instituciones y medidas dirigidas a proteger a los menores".

Aunque su formación ha discrepado en numerosas ocasiones de los informes y propuestas del Defensor "por partidistas", Josefa Amat, de Izquierda Unida, ha considerado que esta institución es "necesaria". 

La presidenta regional ha insistido por su parte en que su Gobierno lleva cuatro años haciendo "grandes  esfuerzos" por reducir lo "superfluo o innecesario" con el fin de preservar los servicios esenciales, y ese esfuerzo ha permitido ahorrar 2.200 millones de euros a pesar de que se han seguido abriendo hospitales  nuevos o centros educativos. Con todo, se ha mostrado convencida de que aún "sigue quedando mucho" de donde poder ahorrar.

La última iniciativa con repercusión mediática de Canalda fue la apertura de una investigación para esclarecer si durante la manifestación del pasado verano contra la visita a Madrid del Papa Benedicto hubo peregrinos menores de edad que sufrieron agresiones por parte de los manifestantes.

Privatización del Canal

El vicepresidente regional, Ignacio González, ha anunciado que 88 de los 179 ayuntamientos de la Comunidad ya han dado su visto bueno a la privatización del 49% del Canal de Isabel II. "Cinco millones [de un total de siete] de madrileños están de acuerdo", ha referido González, que ha insistido en que el Canal seguirá bajo control público que no se subirá la tarifa del agua "porque los precios los seguirá estableciendo la Comunidad, que tiene congelada la tarifa desde hace tres años, subiéndose solo el IPC". El número dos de Aguirre ha argumentado la privatización parcial del Canal para poder acometer las infraestructuras de modernización del Canal que exige la UE en materia medioambiental. Unas obras a las que calculan un coste de 4.000 millones. "Que entre una empresa privada no implica que vaya a empeorar la calidad del agua. De hecho, más de la mitad de la gestión del agua en España es totalmente privada y no ha repercutido en la calidad", ha concluido.