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Costas tirará el chalé de un dirigente franquista en la playa de Benidorm

Un tribunal ordenó la demolición de la casa, en primera línea de playa, en 2003

Más de ocho años han pasado ya desde que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ordenara en julio de 2003 la demolición de un inmueble cercano al Rincón de Loix de Benidorm que disfrutaba en régimen de concesión Juan Ferri Guardiola, un empresario hotelero de la ciudad a quien ahora no ha podido localizar el Servicio Provincial de Costas, que este martes publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante la orden para que retire los enseres y entregue las llaves para proceder a su demolición.

Se trata de un chalé con parcela donde vivió Martínez Alejos, presidente de la Diputación de Alicante entre 1939 y 1949, ubicado en la primera línea de la playa de Levante y en el dominio público marítimo terrestre de Benidorm. Ferri no lo destinó a residencia, como le autorizó Costas mediante una concesión administrativa, sino a montar una oficina de ventas inmobiliaria. En mayo de 1997, el mismo organismo decretó la caducidad de la concesión “por cambio de destino en las instalaciones, extremo expresamente prohibido por el propio clausulado concesional”.

El beneficiario recurrió al juzgado y el Tribunal Superior de Justicia validó la caducidad en julio de 1997. Seis años después, el alto tribunal valenciano desestimó el recurso de casación del empresario y en octubre de 2003 le dieron tres meses para proceder a la demolición de las instalaciones existentes en el dominio público marítimo terrestre, con la amenaza de que, en caso contrario, “se procedería por la Administración a la ejecución subsidiaria con cargo a su costa” y se le impondrían multas coercitivas.

En abril de 2004, Costas le remitió un presupuesto de ejecución subsidiaria para que el inquilino procediera al ingreso de su importe que cubría la demolición del inmueble. Pero el empresario ni tan siquiera contestó y Costas ha dejado pasar casi ocho años antes de retomar el expediente y proceder a darle una semana de plazo para que retire sus propiedades de la vivienda y autorice la entrada.