Cotino ordenó pagar 16 millones a Emarsa tras acordarlo cuatro implicados

El consejero de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda ordenó en mayo de 2010, en su condición de presidente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), que se abonase 16,3 millones de euros a Emarsa, la empresa que gestionaba la depuradora de Pinedo. El consejero era entonces Juan Cotino, hoy presidente de las Cortes Valencianas. La cifra, exactamente igual a la que se pagó en 2009, fue establecida en una reunión celebrada en febrero por la comisión de seguimiento del convenio entre la Epsar y la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), de la que Emarsa era una sociedad instrumental. En otras palabras, Cotino autorizó que un organismo de la Generalitat pagara a la empresa de depuración de aguas del área metropolitana de Valencia 16,3 millones para el tratamiento y aplicación agrícola de los lodos.

En la reunión de la comisión que estableció la cifra, además de un técnico del departamento de explotaciones de la Epsar, participaron José Juan Morenilla e Ignacio Bernácer, gerente y jefe del departamento de explotación de la entidad de saneamiento dependiente de la Generalitat, respectivamente; Enrique Crespo, como presidente de la Emshi, y Esteban Cuesta, como gerente de Emarsa. Crespo y Cuesta son los principales imputados del caso Emarsa, en el que el juez Vicente Ríos investiga un fraude de más de 25 millones de euros, mientras que de Morenilla y Bernácer ha pedido su imputación la fiscalía.

Los socialistas revelaron este martes el documento firmado por Cotino para resaltar gráficamente su responsabilidad política en el caso. Hoy se reúne la comisión de investigación de Emarsa en las Cortes Valencianas para acordar las solicitudes de comparecencia y, mientras los grupos de la oposición piden que acudan Cotino, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y varios de sus concejales, así como una buena parte de los imputados, el PP limita a siete las comparecencias, con Morenilla como único nombre de los implicados en el caso.

Pero los socialistas no se limitaron a reforzar su presión sobre el alcance político del escándalo de Emarsa, sino que calificaron de “falso e ilegal” el acuerdo adoptado por la comisión de seguimiento, en la que era su décima reunión, de acuerdo con el acta, desde que se suscribió el convenio en 2004. La diputada Carmen Martínez, portavoz del PSPV-PSOE en la comisión de investigación, señaló que Cotino asegura expresamente en su resolución que la comisión de seguimiento “estaba formada por los miembros requeridos en el convenio” para darle validez al cálculo de lo que debía pagar la Epsar a la depuradora de Pinedo. Sin embargo, añadió Martínez, “es mentira, porque no estaban todos los miembros, como demuestra el acta de la reunión a la que hemos tenido acceso”. Se refería a que no estaba en la reunión de la comisión un técnico de la Emshi, como se preveía en el convenio para considerar válidos los acuerdos.

La diputada socialista recordó que dos de las personas de la comisión de seguimiento, Crespo y Cuesta, “están imputadas por nueve delitos de corrupción y contra la hacienda pública, y las otras dos han sido acusadas ante el juez por varios dirigentes de Emarsa de diseñar estos convenios para defraudar y repartirse mensualmente 180.000 euros en comisiones ilegales por el tratamiento de lodos”.

Tras recordar que Morenilla, como gerente de la Epsar, que presidía Cotino, estaba “a sus órdenes directas”, Martínez reclamó que se incluya la comparecencia del actual presidente de la Cámara en la relación que hoy ha de aprobar la comisión parlamentaria de investigación del caso Emarsa.