Levantamiento del secreto

El levantamiento del secreto sumarial por parte de la juez Estela San José nos ha permitido conocer nuevos detalles de la vertiente estrictamente gallega de la denominada Operación Campeón. Y es que, a diferencia de la parte que afecta al exministro José Blanco (en la que ya se había revelado la práctica totalidad del contenido del sumario), lo que ahora se nos desvela son indicios que vienen a respaldar la imputación de una variada gama de delitos al empresario Jorge Dorribo y a sus socios y colaboradores, así como a diferentes cargos y funcionarios de la Xunta de Galicia.

En este caso, se trata, concretamente, de numerosas grabaciones telefónicas de conversaciones y de mensajes realizadas por la brigada de vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria, acompañadas de otras pruebas documentales que se incorporan a los informes remitidos por dicha brigada al juzgado de Lugo. En esencia, de todo este material probatorio se desprende indiciariamente la adjudicación de obras y la concesión de subvenciones a empresas de Dorribo, para cuya obtención se habría recurrido, presuntamente, a toda clase de artificios, como singularmente facturas falsas, tasaciones fraudulentas de maquinaria o transferencias bancarias simuladas, artificios que no solo eran conocidos por los cargos y funcionarios de la Xunta sino que en algunos casos incluso habían sido sugeridos por estos.

Según los referidos informes de la Agencia Tributaria, hay además indicios de que en algunos supuestos las adjudicaciones y concesiones ilícitas se consiguieron merced a pagos efectuados a dichos cargos, así como al diputado del PPdeG Pablo Cobián, que actuaba como una especie de intermediario-conseguidor-facilitador de contactos.

De tales hechos se deriva la posible comisión de diferentes delitos: de un lado, falsedades y fraudes de subvenciones realizados por los solicitantes; de otro lado, prevaricación de los funcionarios adjudicantes y concedentes, si se demuestra que tenían conocimiento de la ilegalidad de sus resoluciones, así como, en su caso, una responsabilidad como partícipes en los mencionados fraudes y falsedades cometidos por los solicitantes.

A ello habría que añadir los delitos de cohecho, que afectan tanto al funcionario que recibe la retribución (que puede ser de cualquier clase, incluyendo, por supuesto, un patrocinio de rallies) como al empresario que la entrega.

Eso sí, en cuanto a las personas imputadas en el juzgado de Lugo, convendría aclarar que los indicios no poseen la misma solidez en todos en los supuestos. Así, parecen muy endebles en los casos del exconselleiro nacionalista del bipartito, Fernando Blanco, y del exdirector general de I+D+i, Salustiano Mato, y, en cambio, muy sólidos en los casos de los cargos y funcionarios de la Consellería de Medio Ambiente e Infraestructuras y, especialmente, del IGAPE.

En estos últimos casos los agentes de la Agencia Tributaria han denunciado además la desaparición de un expediente de contratación de los archivos de la Consellería, que, de ser cierta, daría lugar a un delito de infidelidad en la custodia de documentos, y denuncian también la revelación de información reservada por parte de los funcionarios del Igape, que constituiría un delito de violación de secretos.

Por lo demás, en las grabaciones interceptadas existen alusiones de miembros de la trama empresarial al conselleiro Agustín Hernández y al presidente Alberto Núñez Feijóo, pero con respecto a ellas cabe decir lo mismo que ya indiqué en otra ocasión en referencia al grueso de las acusaciones contra el exministro José Blanco: las meras declaraciones de unos imputados y sus suposiciones o conjeturas acerca de la intervención de terceras personas carecen de relevancia a los efectos de constituir un verdadero indicio racional de criminalidad.

Y, por cierto, con ello le bastaba al presidente Feijóo para defenderse en la interpelación parlamentaria de la oposición, sin necesidad de meterse en un nuevo berenjenal al intentar marcar diferencias entre su situación y la de José Blanco.

Una vez más Feijóo nos sorprende con un inexplicable lapsus, al afirmar que en el caso de Blanco hay ya “hechos probados”. Un dirigente político no puede ignorar que en el marco de un proceso penal en un Estado de Derecho solo habrá “hechos probados” después de que finalice un juicio con todas las garantías; nunca antes, y menos aún cuando ni siquiera existe un auto de procesamiento. Esto sí es una auténtica vulneración de la presunción de inocencia.