"Lo lógico es que lo supiera mi entorno"

La declaración de Javier Guerrero ante la juez Mercedes Alaya aclara muchas sombras sobre el proceder de la Consejería de Empleo, aunque muchas otras permanecen oscuras porque el interrogatorio fue en ocasiones tibio. Pero sobre todo porque el protagonista de esta semana daba evasivas y otorgaba la razón a la juez. "Sí, es una barbaridad, señoría", se limitó a contestar en ocasiones. Sobre el tono general de la comparecencia, un letrado explicaba: "Llegó muy suelto y ella lo paraba. Cuando inventaba, inventaba para complacer a la juez. La pega es que se le notaba a leguas". Este es un resumen de sus respuestas más llamativas en las 20 horas de declaración.

La juez le recordó que las elecciones andaluzas de marzo de 2004 coincidieron con las elecciones generales. Entre octubre y febrero se concedieron 35 ayudas a las empresas de la Sierra Norte, y Alaya le pregunta si existió "una clara intencionalidad en ello". La respuesta de Guerrero fue parca: "Detrás de la gestión de un político siempre hay intencionalidad política, aunque la Sierra Norte a nivel de recuento de votos genera poco rendimiento", alegó.

El fondo para empresas en crisis incluyó subvenciones para Ayuntamientos, pero todos ellos estuvieron gobernados por el PSOE. Guerrero intentó entonces esquivar la comprometedora pregunta con relativo éxito y despejó el balón hacia los consejeros: "Alguien les contaría que podíamos ayudarles. Habitualmente la relación de los alcaldes era con los consejeros. Ellos podían decidir a quien las daban y a quién no se las daban".

Sobre el beneficio que recibieron todos los cargos socialistas, insistió: "Nunca he atendido a nadie bajo criterios de afiliación política (...) Los únicos que podían imponer la concesión de ayudas eran el consejero y el viceconsejero, pero había otros que me daban la lata. Solo recuerdo un documento escrito del Gabinete de Chaves, en el que se dice que solucione inmediatamente el tema de la empresa Bilore, pues el presidente tenía que acudir a la localidad donde estaba ubicada".

La magistrada considera que el sistema generado en 2001 con un convenio entre el Instituto de Fomento de Andalucía [IFA, actual Idea] y Empleo, es ilegal porque fue concebido para evitar los controles de la Intervención General. "¿Ocurrió algún hecho concreto que motivara el cambio de sistema operativo?", interrogó Alaya. Guerrero tiró de memoria y subrayó que en las ayudas para la empresa Cárnicas Molina la Intervención delegada había puesto reparos a los pagos. Fue entonces cuando el consejero José Antonio Viera y el viceconsejero Antonio Fernández le explicaron que "había que dotarse de un sistema operativo con los propios medios de Empleo".

La juez le insistió entonces que Intervención había puesto reparos al procedimiento establecido para las subvenciones. Guerrero disparó entonces contra la cúpula del Gobierno andaluz. "Toda la Junta en general siempre ha validado este sistema e incluso después de mí han seguido dos directores generales más que han seguido operando con el mismo procedimiento, además de un consejero nuevo".

Al igual que ante la Guardia Civil, Guerrero declaró que había elaborado tres borradores de órdenes y dos borradores de decreto para intentar reducir la discrecionalidad del sistema de ayudas. Según su declaración, estos borradores fueron llevados por el viceconsejero al consejillo [reunión preparatoria del Consejo de Gobierno presidida por el exconsejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías], pero "los viceconsejeros no terminaban de verlo". Zarrías ya replicó que las órdenes no pasaban al Consejillo y que Guerrero mentía.

La juez preguntó a Guerrero por qué el Consejo de Gobierno debía conocer el convenio marco que regulaba la concesión de ayudas, y entonces mencionó un funcionamiento de reinos de taifas: "Todos lo conocían. Cada consejero al ser de una provincia determinada se interesaba por los temas de su provincia: por ejemplo Saldaña se interesaba por el tema de la Faja Pirítica, Zarrías por el tema de Santana y el Parque de Proveedores (...) y Viera se interesaba por el tema de la Sierra Norte, TGA Aeronáutica, incluso los parlamentarios se interesaban por los temas de su provincia".

En otro momento, la juez le pregunta si el Consejo de Gobierno debió aprobar modificaciones presupuestarias para Empleo a fin de incrementar el crédito, cuestión que correspondió en ocasiones al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, durante su etapa como consejero de Economía. "Efectivamente se solicitaron en más de un ejercicio", se limitó a responder Guerrero."¿No cree que es un dato objetivo del conocimiento que tenía el presidente de la Junta y resto del Consejo de Gobierno sobre la operativa de la Consejería de Empleo con las transferencias de financiación?", insistió la juez. "Es cierto", respondió el ex alto cargo.

La supuesta destrucción de documentos que ciertos imputados han mencionado salió a colación después de que Alaya le preguntara a Guerrero por qué en la gran mayoría de los expedientes no existía ni siquiera la solicitud por parte de la empresa. "Después de cuatro años no puedo saber qué ha ocurrido con los expedientes, con las carpetas, con los archivos. No digo que se hayan destruido, sino que no están. En los expedientes que manejaba, las solicitudes estaban". La juez insistió entonces: "¿Pudo alguien tener el propósito de hacer desaparecer las solicitudes y los expedientes?". Y entonces el ex alto cargo explicó que ha sufrido una persecución por no pertenecer a la dirección del PSOE andaluz. "La explicación es muy sencilla. Yo he sido afiliado al PSOE, soy una persona normal, que nunca ha pertenecido al aparato del partido (...) me convierto en una presa fácil y en el objetivo ideal para que estas personas quieran salvar su honorabilidad denigrándome a mí y a mi familia, como si tuviera la bolsa del dinero al lado mía".

La juez le preguntó en otro momento: "¿Por qué solamente percibieron rentas personas cercanas a usted o familiares de Rivas, Lanzas o del PSOE?". Guerrero contestó: "Como eran ayudas discrecionales y que no tenían publicidad lo lógico es que se enteraran personas de mi entorno, personas del entorno de la Consejería de Empleo, de la Junta y de las organizaciones sindicales. "¿No le parece una barbaridad?". Y respondió: "Era el resultado de la aplicación de la política de ayudas que se me había indicado; que ya he expresado en varias ocasiones que era discrecional".