Un nuevo modelo de financiación autonómica

La financiación autonómica se va a convertir, sin duda, en uno de los asuntos más importantes en la actual legislatura, porque incide de manera directa sobre áreas fundamentales de cualquier Gobierno autonómico, como son la sanidad, la educación o el bienestar social. Poner encima de la mesa las carencias del actual modelo y empezar a trabajar en un modelo de financiación que nos sitúe, al menos, en la media de financiación per cápita, es una de las prioridades del Gobierno valenciano.

El Gobierno valenciano ha planteado en numerosas ocasiones la necesidad de reflexionar sobre la financiación autonómica, tanto en el Parlamento valenciano como en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Un debate necesario para entender las consecuencias que, para la Comunidad Valenciana, está teniendo un modelo injusto que nos sitúa a la cola en financiación por habitante. Hoy, cada valenciano recibe 194,59 euros menos que la media española. Una situación más delicada, si cabe, en un momento en que la crisis económica está penalizando a las familias, a las pymes y a las Administraciones públicas.

El punto de inflexión se ha producido recientemente, durante la última reunión del CPFF, foro donde, por primera vez, se ha dado amplia respuesta a las reivindicaciones planteadas por la Comunidad Valenciana, y en el que el Gobierno central ha abierto la puerta a un nuevo modelo de financiación, tal y como ha venido solicitando el Consell. El compromiso adquirido de reunir al grupo de trabajo en esta materia, supone un paso adelante.

Un nuevo modelo que contemple el criterio de población porque los ciudadanos valencianos tenemos que recibir lo mismo que el resto de españoles y ahora estamos recibiendo mucho menos. Es necesario habilitar un sistema donde las diferencias de financiación per cápita se corrijan. Porque, además, nuestra región está aportando más recursos al Estado de los que recibe.

Es necesario habilitar un sistema donde las diferencias de financiación per cápita se corrijan. Porque, además, nuestra región está aportando más recursos al Estado de los que recibe

La no actualización de la población en el anterior modelo de financiación ha provocado que la Comunidad Valenciana esté infrafinanciada, algo que se está prolongando con la aplicación del nuevo modelo, tal y como ha reconocido también la Comisión de Expertos en materia de financiación de la Comunidad, constituida en el seno de su Parlamento regional. Este hecho coincide, a su vez, con una serie de aspectos que reducen aún más los ingresos presupuestarios de la Generalitat, lo que está suponiendo que las finanzas públicas valencianas afronten situaciones complicadas.

La citada Comisión de Expertos constituida en 2010, integrada por especialistas en la materia y consensuada por los grupos parlamentarios con representación en las Cortes Valencianas, analizó las consecuencias de la aplicación del anterior y del nuevo modelo de financiación y las plasmó en un informe. Las conclusiones no pueden ser más reveladoras.

La Comisión ha insistido en que la financiación de la Comunidad ha registrado desviaciones respecto a la media superiores al 10% durante tres décadas, sin reflejar proporcionalmente ningún criterio equitativo de necesidad, como las variaciones de población. A su vez, no se ha reflejado ningún criterio redistributivo alguno, como el nivel del PIB per cápita o de incentivo fiscal. Con la eliminación de la cláusula del statu quo (cláusula que toma como punto de partida la situación anterior de las comunidades autónomas, asegurándoles un mínimo de financiación que ya tenían en el modelo anterior), y si todos los fondos se distribuyeran en función de la población ajustada, dado el aumento demográfico, la Comunidad Valenciana habría recibido cada año un importante volumen de recursos.

El nuevo sistema de financiación no sólo no ha resuelto los problemas de financiación de la Comunidad, sino que nos ha vuelto a situar en el furgón de cola de la financiación por habitante

El nuevo sistema de financiación, que comenzó a aplicarse en 2009, y cuya liquidación de su primer año de aplicación ya conocemos, no sólo no ha resuelto los problemas de financiación de la Comunidad, sino que nos ha vuelto a situar en el furgón de cola de la financiación por habitante. Concretamente, en el 90,5% de la media. Esta situación equivale a tener cerca de un 10% menos de recursos presupuestarios.

Por ello, desde la Comunidad, una de las autonomías donde más ha crecido la población, hablamos de déficit “histórico”. No se trata de una situación puntual, sino que se viene arrastrando a lo largo de los años. Un déficit de financiación que ha perjudicado el crecimiento e incrementado los niveles de endeudamiento, lo que provoca que en situaciones de crisis como la actual exista una carga presupuestaria mayor.

La Comunidad no gasta más que el resto de regiones, no derrocha; y el 90% de su gasto es en sanidad, educación y protección social. Paradójicamente, a pesar de gastar menos, está más endeudada, y lo está debido a su infrafinanciación. Si en el periodo 2002-2009 la Comunidad Valenciana hubiese obtenido la financiación media per cápita de todas las autonomías de régimen común, habría ingresado 8.328 millones de euros adicionales. Unos recursos que habrían reducido nuestro endeudamiento de forma muy considerable.

Desde el Gobierno valenciano hemos tomado importantes medidas para la reducción del gasto a través del Plan de Ajuste aprobado en julio, que prevé un ahorro de 680,7 millones de euros en 2011 y recientemente con el Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Reducción del Déficit que, junto con otras medidas, contempla un ahorro de 1.057,5 millones en 2012. Un conjunto de actuaciones que pueden ayudar a mejorar las necesidades de financiación, pero solamente una solución integral en el modelo resolverá el problema de financiación a largo plazo.

El Consell ha pedido siempre una revisión del modelo, pero ahora resulta inaplazable

El Consell ha pedido siempre una revisión del modelo, pero ahora resulta inaplazable. Por ello, estamos potenciando el papel de la Comisión de Expertos en financiación para definir y perfilar el modelo de financiación que la Comunidad Valenciana necesita y plantear en las próximas reuniones del grupo de trabajo nuestras prioridades, ya que inciden directamente en la calidad de los servicios públicos y de las prestaciones sociales que garantizan el bienestar de las personas.

Las comunidades autónomas han ajustado su gasto de forma decidida, pero sus niveles de déficit siguen permaneciendo; no por exceso en los gastos, sino por falta de ingresos. Es evidente que dichos déficits se deben a la caída de unos ingresos que la reducción en el gasto no puede compensar. Y lo cierto es que la tendencia a alcanzar el equilibrio presupuestario se ha convertido a la vez en un objetivo irrenunciable tanto para las comunidades autónomas, como para el propio Reino de España. Alcanzar dicho objetivo a medio plazo resulta necesario para que los Gobiernos ganen confianza ante los mercados y Bruselas, pero también ante los ciudadanos que los legitiman.

Por ello, el nuevo modelo debería partir asumiendo dos cuestiones que en el caso de la Comunidad resultan esenciales.

La primera de ellas es no olvidar que en sus inicios, el proceso descentralizador de España se realizó desde un punto de vista financiero siguiendo el criterio del coste efectivo de los servicios transferidos, sin tener en cuenta las desigualdades previas existentes. O lo que es lo mismo, se partió de una situación en la que se tuvo en cuenta lo que cada región tenía y no lo que debería tener en una situación de igualdad. Las diferencias que históricamente ha habido en financiación per cápita no se explican sólo por la particular configuración y características propias de cada comunidad.

El nuevo modelo de financiación debería contar con el mayor consenso posible de todas las comunidades autónomas

La segunda es mucho más técnica. Desde mediados de los ochenta, los recursos entre las comunidades autónomas se han ido repartiendo básicamente teniendo en cuenta su población de forma prioritaria. Pero lo cierto es que con posterioridad se han venido aplicando ajustes —las llamadas modulaciones— que acaban complicando el funcionamiento del propio modelo y alternado la distribución final de los fondos, generando desviaciones que redundan en desigualdades evidentes. El caso de la Comunidad Valenciana constituye un claro paradigma de cómo la aplicación de dichas modulaciones puede perjudicar la financiación de un determinado territorio, además del desequilibrio que ya supone mantener el statu quo.

El nuevo modelo de financiación debería contar con el mayor consenso posible de todas las comunidades autónomas, un modelo en el que todas las regiones tengamos una financiación similar acorde con nuestro gasto social. Porque, como he dicho anteriormente, la financiación es para las personas; y todos los ciudadanos, independientemente del territorio donde vivan, deben tener los mismos derechos y poder acceder a las mismas prestaciones sociales en igualdad de condiciones.

Además de la financiación autonómica, el modelo financiero que sustenta la organización territorial de España requiere abordar otros temas reclamados desde la Comunidad como son los denominados hispanobonos y la financiación del déficit de las comunidades autónomas.

En cualquier caso, estoy seguro de que vamos a iniciar un periodo de reflexión muy importante para el futuro de las autonomías. Un futuro en el que la Comunidad Valenciana tiene mucho que aportar.

José Manuel Vela es catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universitat Politècnica de València y consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno valenciano.