Porro declara como imputada por presunta falsificación de un acta

Corina Porro, presidenta del Consello Económico e Social de Galicia, se ha negado a responder a las preguntas del abogado de la acusación en las diligencias previas que instruye un juzgado de Vigo por presunta falsedad documental en relación con el cese de Pablo Alborés, primer director-gerente de la Fundación Puerto de Vigo (FPV) que ella presidía. Tampoco quiso responder a los periodistas que la esperaban a la salida del juzgado, donde declaró durante una media hora, limitándose a comentar “Sinvergüenzas, son unos sinvergüenzas”, supuestamente referido a los querellantes.

No obstante, en respuestas a la juez que instruye las diligencias, Porro admitió que no se había celebrado “físicamente” la junta universal del patronato de la FPV que teóricamente aprobó la dimisión de Alborés el 30 de abril de 2010, aunque esa reunión sí se celebró “formalmente”, según adujo, ya que todos los patronos delegaron su representación en ella como presidenta.

Porro admitió igualmente que no existía acta de esa junta universal porque la Consellería de Presidencia, que ejerce el protectorado de la FPV, no había remitido aún el pertinente libro de actas, dado el escaso tiempo transcurrido desde la constitución de la FPV, el anterior 16 de abril, por lo que en el trámite actuó siguiendo las recomendaciones que le formuló Mario Ubiaga, que asumió el cargo dejado por Alborés en la FPV, ya que ella no era experta en Derecho.

Ubiaga declaró en el juicio celebrado en septiembre pasado por despido que firmó el acta donde se recoge la aprobación por el patronato de la dimisión de Alborés y su propio nombramiento en el cargo –en realidad un certificado, ya que acta en sentido estricto no existió- “por orden de la presidenta”, es decir, Corina Porro, quien a su vez carga toda la responsabilidad de los hechos en Ubiaga.