El Gobierno de CiU usa las diputaciones para dar 230 millones a los municipios

Por primera vez los entes provinciales conceden un crédito a la Generalitat Los fondos extraordinarios llegarán a los ayuntamientos a mediados de marzo

Joana Ortega, vicepresidenta de la Generalitat.
Joana Ortega, vicepresidenta de la Generalitat.JOAN SÁNCHEZ

Convergència i Unió (CiU) sacará rédito de que por primera vez controla la Generalitat y las cuatro diputaciones. Los nacionalistas utilizarán esta hegemonía para allanarse un camino lleno de dificultades financieras y realizar una operación inédita hasta el momento: las diputaciones ejercerán de banco y darán un préstamo a la Generalitat de 230 millones de euros. El dinero se inyectará a los municipios y servirá para que el Ejecutivo de Artur Mas salde casi una tercera parte de los 750 millones que adeuda a los Ayuntamientos. El acuerdo se rubricará este jueves y en cuestión de días los fondos llegarán a las ahogadas arcas locales.

Las diputaciones han hecho sus cuentas y, entre disponibilidad de tesorería y algún crédito pedido a entidades bancarias, aseguran que pueden prestar a la Generalitat hasta 230 millones, 20 menos de lo previsto inicialmente, según avanzó EL PAÍS el 24 de febrero. La mayor parte la pondrá la Diputación de Barcelona, con 190 millones (10 millones menos de los anunciados en un primer momento). Las diputaciones de Tarragona y Lleida aportarán 15 millones cada una; Girona prestará entre 10 y 15 millones.

El acuerdo tendrá forma de préstamo con intereses (el porcentaje todavía se está discutiendo) que la Generalitat deberá devolver antes de final de año. También se ha decidido ya la forma de distribución del crédito. La Generalitat quería tener la sartén por el mango y ser ella la que repartiera el dinero, según la casuística de los municipios y sin tener en cuenta las barreras provinciales. Pero, finalmente, se ha impuesto el deseo de las diputaciones de que la aportación de cada una de ellas repercuta en los municipios de su provincia.

La propuesta ha tenido una buena acogida en el mundo local. La Federación de Municipios de Cataluña (FMC) asegura que ve con “interés” la medida. “Si las diputaciones pueden ayudar a los Ayuntamientos, nosotros estaremos a su lado. Lo que no puede ser es que las diputaciones se conviertan en una consejería más de la Generalitat”, tercia Manuel Bustos, presidente de la FMC.

La Diputación de Barcelona aporta 190 millones; las tres restantes,
15 millones cada una

Aunque faltan ciertos flecos de la negociación por cerrar, como el máximo que podrá recibir cada municipio (se estudia la horquilla de entre cuatro y cinco millones), el acuerdo entre las cuatro diputaciones y la Generalitat se formalizará, salvo cambios de agenda de última hora, este jueves en un acto público que los entes provinciales desean que sea muy vistoso. Así quieren sacar pecho y poner de relevancia la importancia de estas Administraciones, cuya existencia ha sido cuestionada en muchas ocasiones. La última, hace tan solo una semana, cuando la vicepresidenta del Gobierno catalán, Joana Ortega, llegó a asegurar que las diputaciones “no tienen sentido”, defendiendo como alternativa el modelo de veguerías que marca el Estatuto.

El comentario le ha valido a la también titular del Departamento de Gobernación (encargada de la relación con las Administraciones locales) una fuerte reprimenda de los gobiernos de los entes provinciales, todas en manos de CiU, igual que la Generalitat. “Las diputaciones somos la única Administración que en estos momentos tiene dinero. Ortega no puede salir y criticarnos de esa forma cuando estamos haciendo de banco de la Generalitat”, se asegura visiblemente molesta desde una de las diputaciones.

Justo después de la rúbrica del acuerdo, los cuatro entes provinciales celebrarán sendos plenos extraordinarios para dar luz verde a este fondo de ayuda extraordinaria y transferirán los 230 millones a la Generalitat, que a su vez hará lo mismo hacia los Ayuntamientos. “Nuestra intención es no demorarlo más tiempo”, apuntan fuentes del Gobierno catalán. Con todo, el oxígeno largamente esperado por los Ayuntamientos podría empezar a llegar en unos 10 días.

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