La plantilla de Aigües Ter-Llobregat, en contra de la privatización de la empresa

Cerca de un centenar de trabajadores de la empresa pública Aigües Ter Llobregat (ATLL), cuyo comité ha convocado para este martes un paro de cuatro horas, se ha concentrado frente a la sede del Departamento de Territorio y Sostenibilidad en contra de la privatización de esta compañía dependiente de la Generalitat.

Los trabajadores de esta empresa -que suministra agua a una población de unos cinco millones de personas en Barcelona y su entorno- temen que la privatización no garantice la plantilla, que asciende a 223 empleados, ni las condiciones de trabajo.

El miembro del comité de empresa Ricardo Ropero ha señalado que el presidente de la ATLL, Leonard Carcolé, les aseguró en una primera reunión que la Generalitat incluiría cláusulas de garantía en el pliego de condiciones para que se mantuviera la plantilla, "pero con el tiempo y en otras discusiones el discurso ha cambiado mucho y ahora dice que estas cláusulas no existen".

Ropero ha señalado que llevan varios meses con los rumores de privatización, "pero inminente o no, parece que se está retrasando por algún motivo que desconocemos, puede que no estén sacando el dinero que esperaban por la privatización".

Para Ropero, fueron las últimas inversiones de ATLL -como la desalinizadora de El Prat y las ampliaciones de las depuradoras- las que provocaron la actual situación financiera de la empresa, pero remarca que la gestión técnica ha sido buena y que no es necesario privatizarla. Ha añadido que si hay que subir tarifas para reducir la deuda, que se haga siendo pública la ATLL, "porque así los beneficios se invertirán también en la red y en las potabilizadoras y no irá a parar a las arcas de una empresa privada".

Los manifestantes, con pancartas con el lema Con el agua no se hace negocio, han advertido de las repercusiones negativas que puede tener para la plantilla y para los consumidores la privatización de la ATLL, responsable del abastecimiento de agua en Barcelona, su área metropolitana y nueve comarcas de su entorno, y que es posible con los cambios introducidos con la nueva ley ómnibus de la Generalitat.

El consejero Recoder, que ha inaugurado en la sede del departamento unas jornadas sobre evaluación ambiental, ha manifestado a que se trata de un "servicio público que seguirá siendo un servicio público, con independencia de si es prestado directamente o indirectamente" por la Administración.

Recoder ha recalcado que hay muchísimos servicios públicos que son prestados de forma privatizada. "Es una cuestión que no tiene más problema", ha dicho el consejero, quien no ha precisado cuándo se llevará a cabo este proceso -"no quiero estar atrapado en un fecha", ha subrayado- ni tampoco ha concretado el canon que debería pagar la concesionaria a la Administración por quedarse con el concurso.

El presidente de Aigües Ter Llobregat dijo recientemente que la privatización de la gestión de la empresa es totalmente "viable" y apuntó que la concesionaria del servicio debería pagar un canon que rondaría los 500 millones de euros. Ante el temor de los trabajadores de que la privatización perjudicara a la actual plantilla, el consejero ha remarcado que con la transferencia de la ATLL al sector privado lo único que cambiaría es el gestor, "pero nada más", ha dicho.

Ayer mismo, la plataforma Aigua és vida presentó una moción en los más de 100 Ayuntamientos abastecidos por la ATLL para reclamar que los Consistorios defiendan que el acceso al agua potable "es un servicio público básico" y que la privatización de su gestión "encarecerá el coste del agua".

Al respecto, Recoder ha negado que la privatización haga perder a la Generalitat el control sobre el aumento de las tarifas. "Es absolutamente falso, porque seguirá siendo un servicio público, como ocurre en Barcelona, por ejemplo, con la distribución de agua, que gestiona una empresa privada pero el que aprueba las subidas es el Ayuntamiento de Barcelona, no la compañía".