La juez Alaya se desentiende de las grabaciones de Invercaria

No será la juez Mercedes Alaya, que lleva el caso de los ERE fraudulentos, la que investigue las denuncias sobre supuestas irregularidades en la empresa pública Invercaria. Aunque las grabaciones ocultas a su expresidenta fueron enviadas a esta juez, será el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla el que investigue las cintas en las que, supuestamente, se presiona al exdirectivo Cristóbal Cantos para elaborar informes falsos y que, según el PSOE, están manipuladas.

La expresidenta de Invercaria Laura Gómiz ha formalizado esta mañana una querella contra Cantos, que llevó las grabaciones ante un juez de lo Social para lograr su reingreso en Invercaria, de donde fue despedido por falta de confianza. Un informe pericial solicitado por el PSOE concluye que las cintas tienen hasta 13 incidencias de cortes, edición y adición.

"Mis frases e intervenciones en la conversación cercenan de esta manera su significado global con el deliberado propósito de ofrecer un versión tergiversada que legitime la reclamación económica del señor Cantos", ha declarado Gómiz en un comunicado y ha puesto como ejemplo los puntos suspensivos de las transcripciones.

Gómiz ha aprovechado el texto también para aclarar por qué dimitió tras conocer que se difundirían estas cintas: "La honorabilidad de la representación institucional que desempeñaba en la empresa debía quedar al margen incluso de la simple sospecha que el señor Cantos pretendía crear al difundir la grabación".

El PP, por su lado, llevará el caso al Tribunal de Cuentas para que investigue lo ocurrido. Según considera el partido, en Invercaria hay indicios de responsabilidad contable, falta de control y huida de derechos administrativos, como ha declarado hoy el candidato a la Presidencia en las próximas elecciones del 25-M, Javier Arenas. "Pido una explicación seria al presidente del Gobierno Andaluz, José Antonio Griñán, con respecto a este caso".

De momento ha sido la Consejera de la Presidencia, Mar Moreno, la que ha asegurado tras el Consejo de Gobierno que los servicios jurídicos de la empresa pública Invercaria ya estudian actuaciones legales con respecto a estas grabaciones ocultas. "Y estamos viendo todas las alternativas, tanto contra el Partido Popular, como contra la persona que llevó la cinta a los juzgado", ha declarado Moreno.

"Lo que está haciendo el PP es una guerra sucia electoral", ha valorado la consejera. ""Es obvio. El Partido Popular ha difundido estas cintas manipuladas un año después de tenerlas en su haber, a 20 días de las elecciones andaluzas. Esta intoxicación mediática evidencia su nerviosismo y falta de confianza con el objetivo de deteriorar la imagen del Presidente de la Junta", ha asegurado.