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Álava no ve base jurídica para llevar a Gipuzkoa a los tribunales por la AP-1

El diputado general alavés, Javier de Andrés, ayer en el pleno de las Juntas de ese territorio.
El diputado general alavés, Javier de Andrés, ayer en el pleno de las Juntas de ese territorio.L. RICO

Gobiernos de distinto signo, pero la misma pelea. La reivindicación alavesa de recibir una compensación económica de Gipuzkoa debido a los retrasos en la construcción del tramo guipuzcoano de la AP-1, que ya planteó el anterior Ejecutivo foral peneuvista, sigue vigente con el actual popular.

La diputada alavesa de Transportes, Alicia Ruiz de Infante, reconoció ayer en el pleno de control de las Juntas Generales que no existen “bases jurídicas” para defender en los tribunales una demanda contra la Diputación guipuzcoana por el dinero que Álava dejó de ingresar debido a los retrasos de la provincia vecina en las obras de la Eibar-Vitoria.

La reclamación judicial se vería abocada al “fracaso”, insistió ayer en el pleno foral de control, a preguntas del socialista Josu López, quien recordó que las empresas constructoras sí optaron por procedimientos judiciales en los que se les dio la razón. La diputada destacó que la única vía que explorarán será la política.

Esta vía ha sido una que ya en 2008 el entonces teniente de diputado general de Álava, el peneuvista Claudio Rodríguez, extendió a sus homólogos guipuzcoanos. Ya entonces, con ambas Diputaciones en manos del PNV, no hubo acuerdo y Gipuzkoa siempre se negó de plano a paliar las pérdidas de Álava por los retrasos en su tramo de la autopista, que finalmente empezó su andadura en verano de 2009.

Plazos

Si el presupuesto inicial fue de 632 millones de euros, 510 correspondían al tramo de Gipuzkoa, que finalizó en 2009, diez años después del inicio de las obras y con más de 600 millones de coste final.

El tramo alavés se concluyó en junio de 2008 y costó 182,8 millones, frente a los 122 calculados inicialmente. Eso sí, a pesar de las cifras, la diputada foral defendió la infraestructura viaria que conecta Vitoria con Eibar y aclaró a los procuradores que “la AP-1 no es un fiasco”.

Ahora, con Bildu al mando en Gipuzkoa, el acuerdo se antoja más complejo si cabe con una Diputación gobernada por el PP y en una situación económica que no permite grandes movimientos.

Ambas instituciones están citadas para esta misma semana para debatir distintas cuestiones de interés commún, entre ellas sobre la AP-1, aunque las compensaciones no estarán sobre la mesa.

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