El caso Gürtel salta a los juzgados de Alcalá, que investigarán al Consistorio
Un juez de instrucción examinará la adjudicación de un contrato de cinco millones
Un juzgado de instrucción de Alcalá de Henares será el encargado de investigar si el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, gobernado por el popular Bartolomé González, cometió alguna ilegalidad al adjudicar el servicio de pavimentación municipal por cinco millones de euros a la empresa Constructora Hispánica, relacionada con el caso Gürtel. El magistrado que instruye el caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha decidido que la competencia para investigar un presunto caso de corrupción en el seno del Ayuntamiento complutense la tienen los juzgados de Alcalá, por lo que ha acordado la inhibición parcial en favor del juez decano de este municipio. Y lo hace después de comprobar que no hay ninguna relación con el presunto cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa.
De esta forma, la pieza separada en la que se investiga el expediente de contratación para la conservación y reforma de los pavimentos de Alcalá, “así como el eventual pago de comisiones ilegales derivadas de su adjudicación”, según la denuncia del funcionario municipal Juan Antonio Camargo, se desgaja del tronco principal del sumario, que seguirá en la Audiencia Nacional.
Esta pieza separada contiene importante documentación, entre la que destaca un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) que sostiene que la tramitación y adjudicación de este contrato a la empresa Constructora Hispánica se hizo de manera "arbitraria" y "subjetiva". El documento resalta el Ayuntamiento ha pagado a Hispánica unos 500.000 euros más de lo previsto en dos contratos, siendo el desembolso total de 10 millones de euros. Además, explica que dos ofertas idénticas han sido valoradas de forma diferente, lo que ha provocado que al final Hispánica adelantara a las otras empresas que optaban a los servicios municipales ofertados por Alcalá.
“Esta oferta no vale ni las pastas”
“¿Quien le dijo que lo hiciera así, según dice en el escrito, fue Francisco Javier Fernández Abad?”, preguntó en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) una de las fiscales al funcionario de Alcalá Juan Antonio Camargo, que contestó: “Exactamente. Es mi jefe directo, el concejal de Obras y Seguridad”.
“¿Lo que dice en ese escrito es que le dijeron que adjudicara las obras a Construcciones Hispánica a pesar de que la mejor oferta era la de la empresa API?. ¿En qué momento del expediente se encontraban?”, preguntó de nuevo la representante del ministerio público.
Este fue el momento en el que Camargo explicó todo el operativo: “Una vez que se abren las plicas ya se sabe cuales son las mejores ofertas. Vemos que la oferta de Api es la mejor. Todos estamos de acuerdo en que es la mejor. Pero me hacen volver de un curso en Salamanca y me dice primero que a Api ni hablar. Que bajo ningún concepto se le adjudique a Api las obras. A pesar de que él es consciente de que es la mejor oferta. Y nos dice que ya nos dirá a qué empresa hay que adjudicarlo”. Al poco tiempo, según Camargo, el concejal le dijo que la empresa adjudicataria era FCC, la tercera. “Di instrucciones a Juan María y a los demás. Estudia la oferta de FCC que parece que finalmente va a ser la que va a resultar adjudicataria”, explicó Camargo, que prosiguió: “No parecía una mala oferta aunque no era la mejor. Y bueno, nos dicen que no, que esa tampoco y que era la de Constructora Hispánica. Y yo le digo: esa oferta es tan mala que no vale ni las pastas, es que es espantosa, es como mucho la peor de todas”, declaró este funcionario.
Precisamente, la declaración del funcionario municipal Juan Antonio Camargo añade todavía mayor credibilidad al informe de la Igae. En la misma, explica cómo su jefe directo, el concejal de Obras y Servicios, Francisco Javier Fernández, le dijo a qué empresa tenía que otorgar el servicio: “Nos hizo una indicación de que debíamos adjudicar el contrato de mantenimiento de pavimentos a la empresa Constructora Hispánica”.
En su testificación, Camargo explica también que la decisión de sus jefes de utilizar una fórmula novedosa para adjudicar el servicio fue decisiva para que Hispánica lograra el contrato. “Normalmente hay un concejal responsable y luego esta Héctor Bárez, que es el que abre las ofertas y el que lleva todo el asunto. Esta [fórmula] me la ha dado Gustavo Severián y me la tienes que aplicar. Y yo le pregunto: ¿Y esto …esta novedad. Esto no está en ningún sitio”. Para Camargo la aplicación de esta fórmula es la clave de la operación irregular del Consistorio: “Efectivamente minimiza el impacto del precio. De manera que una baja por encima del 20% prácticamente no tiene importancia”. “La formula que él me da, que yo lógicamente aplico, abre la posibilidad de que ese concurso acabe donde se quiere. Yo veo lo que está pasando”.
En el sumario de la operación Gürtel se mantiene la investigación sobre el segundo de los servicios municipales que analizó la Intervención General del Estado en Alcalá de Henares: la construcción de un parque de bomberos. Y seguirá instruyéndose en la Audiencia Nacional porque uno de los apuntes de la contabilidad de Correa recoge que la organización recibió 78.899 euros por el parque de bomberos. El PSM a través de su abogado ya ha pedido en el TSJM la imputación de los ediles del PP Javier Fernández Abad y Marta Viñuelas.
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